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Miércoles , 20.03.2019 / 20:40 Hoy

Artículo mortis

Los restos del naufragio

Roberta Garza

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El GIEI denuncia que, si bien el 29 de octubre pasado la PGR anunció que había encontrado restos humanos calcinados en el basurero de Cocula, no consignó que, el día anterior, el director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, estuvo allí con uno de los inculpados y bolsas negras similares a las que luego encontrarían los buzos con los supuestos restos de los normalistas. No dudo que sea cierto que, por dolo u omisión, no se hubiera asentado el hecho en expediente alguno, pero también es cierto que ese día 28 estuvieron allí una decena de reporteros y, al poco rato, los del equipo argentino de antropología forense. Advertir que la PGR pudo contaminar o incluso manipular las evidencias es urgente; llamarle ocultamiento a la presencia en Cocula del funcionario ese día es rizar el rizo.

El GIEI acusa también una campaña mediática de desprestigio en su contra por parte del gobierno mexicano. Eso no solo es posible, sino hasta probable —#fuelchayote—; lo descorazonador es que, quienes debían encarnar la mesura, la imparcialidad y la higiene metodológica, se nieguen a la autocrítica y se apresuren a agrupar todo cuestionamiento, algunos sin duda válidos —remember los vientos de Torero—, bajo la etiqueta de compló, sobre todo si ellos han participado con singular alegría en esa guerra de escupitajos cuantas veces han aparecido ante cámaras y micrófonos y, a manera de despedida, en recientes artículos de opinión presentados como reportajes de contenido sincronizado en NYT y el New Yorker, entre otros.

Con todas sus deficiencias, y ante la escasez de genuino periodismo de investigación, el GIEI fue lo más cercano que los mexicanos tuvimos a un contrapeso frente a la narrativa de la cuestionable y porosa verdad histórica. ¿Por qué la negativa de las autoridades a que se entrevistara a los soldados, testigos claves de esa noche? ¿Qué pasó con el camión catafixiado? Si los hasta ahora inculpados y arrestados presentan huellas de tortura, ¿pueden ser tomadas como veraces sus declaraciones? Y, más allá del caso, ¿deben ser liberados por la violación al debido proceso y a sus derechos humanos?

El asunto es que, un año y varios millones de pesos después, en muy malos términos y con resultados más bien magros, el GIEI se despide de un México que queda, no sin razón, raspado y señalado por la comunidad internacional por el turbio manejo del crimen contra los de Ayotzinapa. Se quedan, tan orondos como antes de la terrible noche de Iguala, la ineptitud y la corrupción de nuestras instituciones, así como el imperio del crimen en Guerrero. No sé quién pueda sentirse satisfecho.

Twitter: @robertayque

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