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Viernes , 22.03.2019 / 15:22 Hoy

Artículo mortis

La tortura

Roberta Garza

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Juan Méndez es un abogado que en sus juventudes defendió a los presos políticos de las dictaduras argentinas. Por sus esfuerzos fue encarcelado y torturado. Hace dos años, Méndez, cuyo título es el de relator especial de Naciones Unidas sobre tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, visitó nuestro país a solicitud del gobierno federal, y hace un año y un mes publicó un informe donde sentenció que, en México, "La tortura y los malos tratos en la detención son generalizados y ocurren en un contexto de impunidad", sobre todo en la guerra contra el crimen organizado: "en otros niveles, puede que ocurra menos o no ocurra. Pero en la lucha contra el crimen organizado (...) desde militares a policías federales, estatales o municipales, muestran un patrón de conducta muy parecido (...) Todos incurren en la tortura".

No vayan a creer que la respuesta de México fue poner en marcha protocolos destinados a detener esas prácticas: se descalificó el reporte y el mensajero, presionándolo para que matizara sus afirmaciones. José Antonio Meade, entonces secretario de Relaciones Exteriores y hoy titular de Sedesol —otro caso para la araña, pero no nos distraigamos—, minimizó el documento diciendo que el relator solo aportó casos aislados. El subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE, Juan Manuel Gómez Robledo, dijo que Méndez había sido poco ético y profesional, y que México "no volverá a trabajar con él". El embajador ante la ONU, Jorge Lomónaco, respondió que lo informado "no corresponde con la realidad". Pero la objeción más reveladora no se hizo desde la oficialidad: Isabel Miranda de Wallace acusó al relator de defender a los criminales, en lugar de las víctimas.

La expresión evidencia la total ausencia de cultura de la legalidad en nuestro país, no solo porque se puede ser a la vez víctima y victimario, sino porque delincuente no es quien más nos repugna: particularizar la justicia, dependiendo de qué tanto simpaticemos o no con el acusado, es anularla. Un policía o militar que al torturar para obtener una confesión revienta el debido proceso, impidiendo garantizar el apego a derecho de un juicio, viola tanto la ley como cualquier secuestrador o narcotraficante. El que el mecanismo se entienda tan poco explica la imposibilidad de construir en México un verdadero estado de derecho y, por lo tanto, la prevalencia de prácticas como las que vimos en Ajuchitán, mismas que obligaron al Ejército a disculparse, pero no sin antes calificarlas de "caso aislado".

Sí, sin duda fue un caso aislado; el que se haya hecho público algún registro de brutalidad policial es, en México, una rara ocurrencia.

Twitter: @robertayque

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