Impulsada por la necesidad de aplicar una política social garantista, no filantrópica, la 4T enfrentó el reto de fondear sus programas sociales (que ya suman un billón de pesos y llegan a 70 por ciento de los hogares del país), sin acudir a una deuda pública incontrolable, sin la emisión primaria e inflacionaria de billetes ni mucho menos aumentando o instaurando nuevos impuestos.
¿Cómo lo está haciendo? Aumentando la base de contribuyentes y combatiendo la elusión y evasión fiscales.
Una política fiscal tiene que ver con quién aporta, quién recibe y quién queda exento, pero también con el tipo de país que queremos; por eso hoy en México la política fiscal de la Cuarta Transformación ha cambiado una lógica que durante décadas parecía inamovible. La apuesta es buscar que quienes ya tienen una obligación con el Estado la cumplan y quienes permanecían fuera del sistema se incorporen a él, y no, como se hacía anteriormente, convertir cada año a la ciudadanía cautiva en el objetivo de una nueva carga tributaria o de nuevos impuestos.
Los números ayudan a entender la dimensión de esa estrategia. El padrón del Registro Federal de Contribuyentes creció 28.5 por ciento entre octubre de 2018 y julio de 2026.
La prohibición constitucional de condonar impuestos, aprobada en 2020, estableció el principio fundamental de que las obligaciones fiscales deben aplicarse por igual, sin depender de la cercanía con los gobiernos en turno ni del tamaño de una empresa. Pudimos ver el ejemplo de Walmart, la cual tuvo que cumplir con la obligación fiscal que durante años llevaba acumulando. La justicia fiscal exige que no existan privilegios ni excepciones para los grandes deudores, mientras los pequeños contribuyentes son perseguidos por sus incumplimientos.
La política tributaria sirve para recaudar recursos, pero también puede utilizarse para modificar conductas y proteger la salud de la sociedad. El impuesto a productos como bebidas azucaradas permite desincentivar el consumo excesivo de éstas y, al mismo tiempo, generar recursos que se han asignado al sector salud. El siguiente paso debe ser impulsar incentivos para que la industria reduzca componentes nocivos y ofrezca alternativas más saludables y accesibles para la población.
Durante décadas se nos dijo que crear y aumentar impuestos o aplicar gasolinazos sin mayor pudicia era la salida inevitable al problema de la recaudación fiscal en el país. No obstante, además de pagar más impuestos, no sabíamos con claridad para qué se pagaban o en qué se aplicaban estos incrementos “necesarios”. Una política fiscal diferente debía romper con esa lógica, y así se hizo.
El desafío de este gobierno y de la Cuarta Transformación es continuar por el camino de una mayor recaudación sin aumentar necesariamente los impuestos, sino más bien ampliando la base de contribuyentes —como se ha estado haciendo— y combatiendo la evasión y los privilegios fiscales, además de proteger los precios de la energía en general, porque, al final, una política fiscal justa se mide por cuánto logra devolverle a la sociedad en oportunidades, derechos y bienestar social, no únicamente por cuánto logra recaudar Hacienda.
