A siete meses de que el actual Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deje su cargo, visitó un reclusorio. Compartió que el sistema de justicia no sirve, que está roto y mucha gente está presa por situaciones que no se sabe si realmente cometieron, ni mucho menos si tuvieron acceso a un debido proceso; que se abusa de la prisión preventiva. Muchos tragos amargos de injusticia a partir de los que anunció la atención a 200 expedientes de los que se enteró ese día, con el objetivo de evitar la violación de derechos humanos, definir criterios para utilizar correctamente la prisión preventiva y al final, lograr una justicia cercana y sensible a la gente.
Bien por el mensaje del Ministro. Sin embargo, el problema es mucho mayor si tan solo se mira la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) recientemente publicada por el INEGI en la que Jueces y Magistrados, Ministerio Público y Policías tienen una percepción de confianza ciudadana de 40.3%, 36.5% y 33.3%, respectivamente. Comparten los últimos lugares con sindicatos (37.4%), Poder Legislativo (34.3%) y partidos políticos (27.9%). O bien, la situación de muchas personas como José, un estudiante universitario de excelencia, que camino a su casa escuchó “es él” y lo llevaron al reclusorio acusado de robo. Sus padres tuvieron que requerir el apoyo de un abogado de oficio que les dijo “ buscaré el menor castigo para su hijo” y poco antes de la audiencia de vinculación a proceso, le decían al denunciante que su hijo no pudo ser, que estaba aplicando una beca en el extranjero y hasta llevaron constancias. En su desesperación, los padres de José comenzaron a tocar puertas para que al menos les dieran acceso al expediente de su hijo porque no sabían nada; y buscaron la manera de denunciar al Ministerio Público por los canales formales, en medios de comunicación y hasta en redes sociales. Pero repente soltaron a su hijo y les dijeron que todo fue una confusión, aunque del expediente nada supieron. Nadie les quitará ese trago amargo de injusticia.
Uno de los caminos para contribuir con esa justicia cercana y sensible, que permee todas aquellas situaciones en las que exista duda de un debido proceso o violación de derechos, no nada más de un puñado de expedientes, es la tecnología. Aprovechar herramientas sustentadas en Inteligencia Artificial (IA) asistida por seres humanos que permiten automatizar el análisis integral de cualquier procedimiento judicial, sin importar la materia, para rendir cuentas de lo que haya o no pasado. No hay pretexto para dejar de ir más allá de acciones que parecen más paliativos a la imagen personal e implementar y transparentar soluciones que impidan más tragos amargos de injusticia.
Ricardo Corona
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