La desigualdad ante la Ley provoca frustraciones personales y conflictos colectivos.
La aplicación selectiva de la ley es una práctica perversa. Se castiga a los individuos que roban, lesionan o causan daños, pero se perdona si lo hacen colectivos sociales.
Pagamos impuestos los causantes cautivos: profesionistas, empleados y pequeños empresarios; pero los informales no pagan y los grandes causantes gozan de facilidades y condonaciones.
Los taxistas que paralizaron la Ciudad de México cometieron un delito que no debería de tolerarse.
Mas debe tomarse en cuenta que la causa subyacente es la desigualdad entre los taxistas y UBER, CABITY y empresas similares.
Es malicioso que se pretenda hacer creer que los taxistas sólo protestan por el uso de las aplicaciones en el transporte.
Protestan porque UBER y similares no cumplen los mismos requisitos legales que los taxistas, lo que provoca una competencia desleal.
De conformidad con los artículos 115 y 122 constitucionales y las leyes locales, el transporte público es responsabilidad de los municipios y de la Ciudad de México.
Los dueños de taxis deben obtener una concesión y el chofer estar autorizado. Esto implica pagar la concesión, placas especiales y pintura distintiva del vehículo, licencia y tarjetón de identificación del chofer.
UBER y similares para defraudar la ley idearon que los dueños de los vehículos son sus asociados; y que los choferes son particulares que proporcionan el servicio en autos particulares por lo que no los obligan las leyes del transporte.
Estas empresas suplantan a las autoridades porque ellas autorizan y regulan el servicio y, además, evaden las responsabilidades laborales y de seguridad social ante los choferes.
Es incuestionable que UBER y sus equivalentes son una excelente respuesta a una necesidad social; pero lo justo es que todos observen las mismas leyes.
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