El centralismo y el régimen presidencialista han predominado.
La democracia representativa, el federalismo y la división de poderes han sido sólo una aspiración y una declaración formal en la Constitución.
Ha habido acontecimientos significativos que han roto ese orden político: en 1997 el PRI perdió la mayoría absoluta de los diputados; en el año 1999 con Vicente Fox terminó la hegemonía priista; e inició la transición a la alternancia democrática.
Sin embargo, los efectos de esos sucesos están acotados a la democracia electoral.
No han trascendido a la democracia representativa, al federalismo ni a la división de poderes.
Por el contrario, ahora, como en el pasado reciente, el presidencialismo y el centralismo limitan la autonomía de los Estados y restringen sus recursos sin ninguna defensa efectiva.
Así, pues, la disyuntiva es aceptar la falacia del federalismo y el predominio avasallante del gobierno central; o, por el contrario, defender la autonomía de los Estados.
Para quienes somos partidarios del federalismo, lo correcto es consolidar la autonomía política y la autarquía económica de los Estados.
Una fórmula para avanzar en esa dirección es que los senadores hagan valer y respetar los intereses de los Estados en las decisiones de la república.
Para la aplicación de esa fórmula debería observarse lo siguiente:
Que sólo haya dos senadores por cada entidad federativa; y que los senadores actúen como sus, efectivamente, como sus mandatarios, consultando con los tres poderes de la entidad a que pertenezcan las iniciativas de leyes; y se obliguen a llevar al Senado las posturas acordadas con los poderes locales.
Sin embargo, todo depende de que haya senadores convencidos de las bondades del federalismo y comprometidos con el bienestar de sus entidades federativas.
Sin ellos los Estados seguirán en la orfandad.
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