El Presidente participó y triunfó en un proceso electoral operado constitucionalmente. Su victoria prueba la vigencia de la democracia.
Para iniciar su mandato protestó respetar la Constitución Federal.
Él no proviene de un golpe de Estado que hubiera roto el orden constitucional y que por eso fuera necesario instaurar un nuevo sistema político.
La votación a su favor no lo legitima para ignorar las leyes y los compromisos contractuales.
Por el contrario, está obligado a respetar la constitución, las leyes, las instituciones y los contratos celebrados por el Estado. Dentro de esta normatividad debe planear y ejecutar su programa de gobierno.
Aun la restricción de los derechos humanos a que haya lugar por la contingencia de salud, debe decretarse de acuerdo a la Constitución.
Sin embargo, la arbitrariedad ha signado sus acciones. Voluntariosamente, orientado por sus fobias y filias, ha infringido leyes y contratos, como las cancelaciones del aeropuerto, guarderías, Seguro Popular, metrobús y la planta Constellation Brands; y se empecina en construir el tren maya y la refinería de Dos Bocas.
Así, irónicamente, tenemos un gobierno legal y democráticamente electo que en vez de ir hacia un Estado Constitucional de Derecho, en el que rija el respeto irrestricto a los principios de legalidad y debido proceso, marcha hacia la autocracia, en la que la voluntad personal del gobernante es la ley suprema.
El objetivo del Estado Constitucional de Derecho es darnos a los ciudadanos la certeza de que nuestra vida, libertad y propiedad son respetadas por el gobierno.
Darnos la certidumbre esencial de saber qué es lo prohibido y lo permitido.
La pandemia alimenta la tentación de instaurar gobiernos autocráticos. El antídoto es la independencia de los poderes legislativo y judicial y una sociedad informada y proactiva.
Ojalá contemos con él.
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