Pocas veces recapacitamos sobre la forma de Estado nacional que tenemos; sólo lo hacemos cuando peligran las libertades civiles y políticas, o existe un conflicto entre la federación y los gobernadores, por ejemplo, la actual controversia por los libros de texto gratuitos.
El ejemplo anterior, así como otros casos, evidencian la pugna que siempre ha existido entre los partidarios de un gobierno centralista y los que tratan de sostener nuestro débil federalismo.
Desde la independencia hasta el gobierno de Juárez, fueron recurrentes las luchas entabladas por quienes pugnaban por un Estado unitario contra los impulsores del federalismo, esto es, por un Estado compuesto de Estados libres y autónomos.
En el Estado unitario los poderes centrales, ejecutivo, legislativo y federal, gobiernan todo y organizan el territorio en provincias o departamentos sin autonomía y, obviamente, sin gobiernos ni leyes locales.
Por el contrario, el Estado federal está compuesto de entidades políticamente descentralizadas que gozan de autonomía para darse sus propias constituciones y gobiernos locales y que, además, participan en la formación de la voluntad nacional.
A pesar de que la Constitución instituye que somos una república federal, la mayoría de los presidentes han fomentado el centralismo, argumentando que es la forma adecuada y práctica para atender las necesidades nacionales; en tanto que el federalismo, dicen, complica la toma de decisiones y su ejecución.
Por eso, se desnaturalizó al Senado privándolo de su esencia que era representar y defender la participación de las entidades federativas en la formación de la voluntad nacional; y cada vez hay más leyes nacionales que despojan de facultades a los Estados.
Históricamente, los regímenes autoritarios han preferido el centralismo, por esa razón deberíamos revalorar al federalismo como sistema protector de los Estados y de las libertades civiles y políticas de los ciudadanos.
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