El presidente López Obrador presentó la iniciativa de Ley de Amnistía, cuyo propósito es la liberación de jóvenes consumidores y acusados de narcomenudeo o de delitos menores, campesinos e indígenas obligados a delinquir y mujeres presas por abortar;
La iniciativa no incluye a quienes hayan cometido delitos graves como homicidio, secuestro, violación, robo con violencia ni a los reincidentes.
En el país hay, aproximadamente, 198 mil presos.
La mayoría son jóvenes pobres con baja escolaridad, condenados por robo sin violencia, posesión simple de narcóticos, o por una defensa defectuosa.
El encarcelamiento es el castigo a quien delinque, pero su finalidad es la rehabilitación mediante la educación y el trabajo para la reinserción social.
Sin embargo, no existen programas carcelarios de educación, trabajo, ahorro, salud y dignificación social que realmente regeneren a los reos.
La mayoría de las cárceles están bajo el dominio de grupos que imponen por la fuerza el cobro de cuotas, trabajos forzados y conductas degradantes.
Para los jóvenes que por primera vez han cometido hechos delictuosos menores, la cárcel es una escuela del crimen.
A pesar de que la población carcelaria se redujo con la derogación de la prisión preventiva, las condiciones del sistema carcelario y el gran número de sentenciados por delitos menores inciden en el fracaso de la rehabilitación y la reinserción social.
Para algunos la iniciativa es populismo penal; en mi opinión es justa porque brindará la oportunidad de una nueva vida a los pobres acusados de delitos menores y a las mujeres juzgadas por aborto.
Pero si la iniciativa también pretende beneficiar a personas que, pretextando motivos políticos, han bloqueado carreteras, robado, destruido e incendiado bienes públicos y privados, eso aumentará la impunidad, la violencia y la anarquía que en varios lugares ya han anulado la presencia efectiva del Estado.
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