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Sábado , 23.02.2019 / 15:58 Hoy

100 palabras

El C5 nació mal

Raúl Frías Lucio

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A 67 días del inicio de la administración que encabeza Enrique Alfaro, la contralora del estado Teresa Brito señala que se detectaron irregularidades en el cumplimiento del contrato firmado por la pasada administración con la empresa CIS International Limited, encargada de la instalación e implementación del Escudo Urbano C5 (cómputo, comando, control, comunicación y coordinación).

Nada nuevo, lo curioso es que fue ella misma, la contralora de la administración de Aristóteles Sandoval, quien ocupa ese cargo desde el 25 de abril de 2016, y ahora ya en la administración de Alfaro advierte inconsistencias en el cumplimiento de ese contrato, por 895 millones de pesos, uno de los más importantes de la pasada administración.

El origen del C5, fue nebuloso desde sus inicios. Todo empezó en el mes de marzo del 2016 con las gestiones del Subsecretario de Administración Salvador González Reséndiz, quien ante la creciente ola delincuencial en la ciudad, argumentaba la necesidad de un C5, que ayudaría con tecnología de “punta” a mejorar la seguridad de la ciudad.

El funcionario informó a los medios de comunicación que se había decidido no licitar por cuestiones de seguridad, como lo establece el artículo 14 de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Estado de Jalisco, por lo que sería una adjudicación directa la instalación de miles de cámaras, micrófonos y botones de alerta a una empresa domiciliada en la República de Chipre, una isla ubicada en el mar mediterráneo entre Egipto, Líbano, Israel y Turquía, sin considerar a los líderes tecnológicos de México o del mundo.

Días después de este anuncio, poco o nada se supo del funcionario quien fue sustituido el 19 de Abril del 2016 por Mauricio Gudiño, quien regresaba a la administración y fue a quien correspondió firmar el contrato de la adjudicación directa el 25 de mayo del 2016, según lo establece en el resolutivo 27/2016 del Gobierno del Estado de Jalisco, por 895 millones de pesos y la empresa se comprometía a la instalación de 5,500 cámaras de video-vigilancia (mil inteligentes de alta resolución, 200 con reconocimientos de placas, 100 con reconocimiento de rostros, tres mil para nuevas ubicaciones y 1,200 para reemplazar las que ya existían), 1,500 sensores de audio y 1,500 botones de pánico.

De acuerdo al cronograma de la empresa, el C5 debería de haber quedado funcionando ya con la remodelación de El Palomar, y la red de datos en agosto del 2017.

Ya concluyendo la administración a finales del 2018, la empresa -a través de una vocera- argumentó que no pudieron terminar porque el edificio de El Palomar lo entregó la SIOP con retrasos, los ayuntamientos no definían las ubicaciones de las cámaras y se encontraron con enorme burocracia. Después de prórrogas tampoco cumplieron.

Nadie en el gobierno dio seguimiento, ni la Secretaría de administración ni Fiscalía General; nadie verificaba los avances; nadie supervisaba que se cumpliera con los tiempos y calidad; nadie confirmaba que las cámaras funcionaran.

Nació mal, se escogió mal, se decidió mal, sigue pendiente y hasta hoy sin responsables.

FB: Raúl Frías Lucio
Tw: @raulfriaslucio

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