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Martes , 23.04.2019 / 03:29 Hoy

Los pendientes legislativos, la situación nacional y el proceso electoral

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El próximo primero de febrero el Congreso de la Unión dará inicio al último periodo ordinario de sesiones de la LXIII Legislatura.

Al cierre de esta legislatura nos queda claro que hubo avances. Se concretó la reforma anticorrupción en la legislación secundaria, se pudo avanzar en el diseño de nuevos instrumentos legislativos para combatir la inseguridad; contamos con nuevas reformas en materia de derechos humanos como lo es la ley general contra la tortura y la legislación en materia de desaparición forzada.

Podemos citar también otras importantes piezas legislativas aprobadas en esta legislatura que se impulsaron desde el Senado.

Sin embargo, hay grandes pendientes que no se han podido concretar. Está por ejemplo el perfeccionamiento al Sistema Anticorrupción. Porque las reformas aprobadas en el Congreso serán siempre perfectibles y, las y los legisladores tenemos la gran responsabilidad de verificar que los instrumentos normativos aprobados funcionen en la realidad.

Por ello, en Acción Nacional estamos convencidos que el sistema de justicia mexicano tiene grandes retos. En principio, en 2014 aprobamos una reforma muy importante, en el marco de la reforma política. Esa reforma implicaba transformar el modelo de procuración de justicia que ya no respondía a las demandas de justicia en nuestro país. Recordemos que, desde 2008 se inició una transformación en la introducción de un nuevo sistema de justicia lo que implicaba la necesidad de que las instituciones que operaban hasta ese momento este sistema también lo hicieran. Hoy escuchamos distintas voces que reclaman fallas en el sistema de justicia penal y demandan nuevas reformas al mismo, sin embargo, debemos reconocer que el sistema acusatorio ha comenzado a operar en todo el territorio nacional sin que las instituciones responsables de su implementación realicen cambios de fondo en su operación. Es decir, es necesario un cambio en los roles tradicionales de las instituciones de justicia y, en consecuencia, resulta fundamental la adecuación y transformación del modelo de procuración de justicia.

Fue la necesidad de transformación del sistema de justicia, lo que motivó la creación de una fiscalía general autónoma; pero también este cambio fue motivado por la discusión sobre la necesidad de contar con un sistema anticorrupción donde los delitos motivados por actos de corrupción por parte de servidores públicos y particulares no quedaran impunes. Así surge la figura de la fiscalía general, un órgano autónomo que ya no estaría sujeto al poder ejecutivo. Su nombramiento sería aprobado por el Congreso y con ello se aspiraba a contar con fiscales que pudieran perseguir a los funcionarios corruptos sin estar sujetos a ellos.

Se crea posteriormente el Sistema Nacional Anticorrupción que se robustece con una serie de leyes que establecen el funcionamiento, atribuciones y competencias de cada pieza que forma al mismo. Sin embargo, estas reformas dejan también algunas piezas sueltas y algunos errores. El año pasado comenzó a operar el comité coordinador del sistema y aún están pendientes los nombramientos de algunos de sus integrantes. Piezas fundamentales en el sistema serán el fiscal anticorrupción y los magistrados que integrarán la tercera sección del tribunal de justicia administrativa, los cuales no han sido designados.

Pero también está el compromiso público de las bancadas en ambas cámaras para realizar cambios al artículo 102 constitucional que establece la figura del fiscal general. Cambios que van más allá de la eliminación del llamado "pase automático" que ya fue concretado. Y es que no podemos apostar a un sistema anticorrupción si una de sus piezas (la fiscalía Anticorrupción) estará sujeta a un fiscal que no cuenta con los controles y atribuciones necesarias para llevar a cabo su función, donde el mecanismo de nombramiento (propuestas del congreso puestas a consideración del poder ejecutivo), tienen todavía componente de control político.

Otro gran pendiente es incidir en reformas al artículo 116 de la Constitución para normar de forma eficaz la formación de fiscalías autónomas en las entidades federativas, ya que podemos observar que en los hechos, en los estados donde se han designado fiscales generales, en la mayoría de los casos la transformación ha sido cosmética, se ha cambiado el nombre a la figura del procurador pero siguen en algunos casos, funcionando como órganos supeditados a los poderes ejecutivos y en otros casos, se ha llegado al nombramiento de funcionarios que lejos de ser personas de probada honestidad, (como en el caso reciente de Nayarit), son brazos de la delincuencia organizada.

Por otro lado, el panorama de violencia sigue creciendo en nuestro país en forma alarmante. La respuesta del Estado parece estar centrada en una cuestionada reforma en materia de seguridad interior que ha sido llevada a la Suprema Corte para que se pronuncie sobre su constitucionalidad. Pero, mientras el gobierno federal y algunos locales, esperan que sean la fuerzas armadas quienes le provean una solución, seguimos sin avanzar hacia una reforma policial que nos dote de mejores instituciones, que sean capaces de enfrentar la situación de inseguridad y de investigar los delitos.

Por ello, es necesario realizar adecuaciones urgentes. Las propuestas están ya en la mesa desde hace algunos meses. Tenemos una última oportunidad en el periodo que inicia para llevar a cabo estos cambios que nos demanda el país.

Lamentablemente, como ocurre en cada proceso electoral, las campañas políticas amenazan el proceso legislativo. Hoy vemos como las propuestas de reforma en torno al sistema Anticorrupción se convierten en banderas electorales.

El primero de febrero iniciaremos los trabajos del último periodo y previamente, cada partido político expresará en su agenda legislativa cuáles son sus prioridades de reformas. Y aunque muchas propuestas formuladas por los partidos coincidirán (en el papel) veremos si todos tendrán la generosidad para hacerlas realidad a pesar de los aires electoreros.

De entrada, Acción Nacional sí tiene claro el rumbo, las propuestas y el compromiso.

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