La Constitución del Estado de México, a revisión

En septiembre de 2020 el Congreso mexiquense arrancó el proceso de revisión del marco constitucional y legal en el estado. Desde entonces, a través del Secretariado Técnico para el Análisis y Estudio de la Reforma Constitucional y el Marco Legal del Estado de México (SecTec), se ha trabajado en diversas pistas, la más reciente, a través del mecanismo de participación ciudadana de Parlamento Abierto que ha dejado ver la necesaria apertura de las decisiones públicas a la ciudadanía mexiquense.

¿Para qué una revisión integral de la Constitución del Estado de México? ¿Qué contenidos modificar o agregar? ¿Por qué hacerlo en este momento? ¿Cómo llevar a cabo un proceso de tal envergadura que pudiera, eventualmente, desembocar en un nuevo texto constitucional? A la luz de la realidad de nuestro estado, son preguntas que sin duda se condimentan con la relevancia política y social del Estado de México desde la dimensión nacional.

En México, a diferencia de diversos países latinoamericanos que han optado por nuevas Constituciones, la actualización del régimen constitucional se ha dado a través de cambios parciales, fragmentados, incluso contradictorios al texto de 1917. De ahí que la constitución mexicana se caracteriza por los numerosos cambios que ha sufrido, particularmente en las últimas décadas.

A nivel estatal esta característica también ha estado presente. Según datos del SecTec, desde la última reforma integral de 1995 en el Estado de México, la Constitución se ha modificado 364 veces y casi una tercera parte de los cambios se han dado desde 2018.

Otros estados han optado por renovar sus Constituciones en los últimos años. Guerrero lo hizo en 2014, Chiapas en 2016 y la Ciudad de México en 2018 a través de una Asamblea Constituyente. Un caso más reciente podría ser Coahuila. Apenas a finales del año pasado, el gobernador envió al Congreso local una iniciativa de reforma en materia de derechos humanos que incluye la expedición de tres cartas fundamentales de derechos.

En el Estado de México las y los legisladores eligieron ser cautos y aprobaron un proceso de revisión integral de la Constitución vigente, en septiembre de 2020. Un sano ejercicio que llama a diagnosticar con todo rigor lo que no funciona de nuestro marco constitucional y legal, lo que está sobrerregulado, lo que ha resultado ineficaz o inaplicable en la práctica, pero también lo que no necesita ser trastocado porque ha venido funcionando bien o porque su solución no reside en un cambio al texto constitucional.

Hace un par de semanas concluyó la primera etapa del Parlamento Abierto, donde serán analizadas 310 propuestas de reforma. Hasta ahora, las voces escuchadas en este espacio dejan ver que muchos de los cambios podrían ser introducidos a través de legislación secundaria, en vez de modificaciones profundas a la norma fundamental. Este ejercicio también refleja la división de posturas que hoy existen en la sociedad en torno a ciertos debates como la despenalización del aborto, pero también las amplias coincidencias en otros temas.

Destaca el esfuerzo de las y los ciudadanos que acudieron a la convocatoria de Parlamento Abierto para redactar, presentar y defender sus propuestas legislativas. Algunos ejemplos de los temas presentados a la fecha tienen que ver con la revocación de mandato del cargo de gobernador del Estado de México, la expedición de la Ley de Participación Ciudadana, la aplicación de exámenes de control y confianza así como certificación para los servidores públicos dedicados a las verificaciones e inspecciones de negocios, garantizar la calidad y gratuidad de la educación a distancia, adoptar el modelo de seguridad pública de proximidad, garantizar el derecho a la ciudad a través de instrumentos jurídicos y políticas públicas de planeación urbana, entre otras propuestas que serán analizadas del 16 al 27 de agosto en el marco del Parlamento Abierto.

La próxima Legislatura del Estado de México, que iniciará su primer periodo de sesiones el próximo 5 de septiembre, tendrá la enorme responsabilidad de definir el alcance y profundidad de este ejercicio de revisión al texto constitucional y al marco legal, pero también la oportunidad histórica de vislumbrar el mejor modelo posible de Constitución para las generaciones futuras.