La aprobación de leyes como la “ley antichancla”, entre otras en el Congreso local, servirán para mostrar el récord de reformas avaladas pero que están destinadas a ser letra muerta.
Ocurrió, por ejemplo, con la correspondiente a la comisión de búsqueda de personas reportadas como desaparecidas, la cual no tiene “dientes” ni presupuesto para apoyar a las familias a encontrar a sus desaparecidos.
En el primer caso, justo al tratarse de la protección de menores contra el uso de la violencia en la educación por parte de padres, tutores o maestros, adolece de las llamadas leyes reglamentarias.
Se lee muy bonita la ley que homologa la legislación local a la federal para adecuar el código penal y civil, con el fin de prohibir y castigar la violencia ejercida contra los hijos en casa y en la escuela, sin embargo, no se ofrecen herramientas para hacerla efectiva ni para castigar la violencia y abusos.
La homologación de la ley estatal a la federal para prohibir castigos corporales, físicos y humillantes contra los menores por parte de sus padres o tutores como método correctivo o disciplinario, solo cumple con ese propósito, pero deja en el limbo los “cómo” para aplicar la ley.
Al tratarse de menores de edad violentados por los padres o maestros, el Legislativo no ofrece mecanismos de protección para que los agraviados acudan a la autoridad para denunciar el maltrato.
Los legisladores omitieron establecer cómo los niños y las niñas podrían acudir ante la autoridad para denunciar los golpes con la mano o con algún objeto, empujones, pellizcos, mordidas, tirones de cabello o de las orejas.
Tampoco se establece cómo aportar pruebas sobre los casos cuando los menores son obligados a sostener posturas incómodas, sufren quemaduras o deben ingerir alimentos hirviendo u otro tipo de productos, o cuando son víctimas de actos que tienen como objeto causarles dolor o malestar.
¿Será la palabra del niño frente al adulto?, ¿un juez los confrontará en careos?, ¿pedirá la autoridad pruebas a niños y niñas de sus dichos?...
Por tratarse de menores que dependen de sus padres o tutores, ¿quién los representará o cómo acudirán ante un juez o un agente del Ministerio Público?
La “ley antichancla” suena y se lee muy “bonita”, pero en los hechos está destinada a ser letra muerta o ley de adorno, porque en la práctica no tiene ni pies ni cabeza para su aplicación, ¿o sí?
Pablo Ruiz
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