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Jueves , 21.03.2019 / 20:50 Hoy

Ojalá

Con transparencia sale

Óscar Glenn

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Después del caos vial causado en la CDMX el jueves pasado cuando organizaciones de transportistas intentaron llegar a la Residencia Oficial de Los Pinos para que la Presidencia intercediera y se retractara el Gobierno Mexiquense de la regularización del transporte público, incluida la obligación de instalar botones de pánico, cámaras de seguridad y Geoposicionadores satelitales, es inevitable preguntarse ¿por qué es tan difícil llegar a un acuerdo si ambas partes reconocen de palabra la necesidad de regularizar, modernizar y ordenar el transporte para beneficio de los usuarios?

Por una parte la secretaría de movilidad del estado, tiene la determinación que los concesionarios cumplan con su deber de regularizarse administrativamente, presumiendo que tiene la capacidad para desahogar los miles de trámites que los transportistas demandan, pero aquellos aseguran que no es así y que esa incapacidad los pone en estado de indefensión.

Asimismo la Secretaria de Movilidad asegura que ya en un acuerdo signado entre las autoridades a través del Instituto del Transporte y representantes de empresas transportistas el 8 de septiembre de 2017, se autorizó un aumento a las tarifas de transporte colectivo y mixto, comprometiéndose los transportistas realizar acciones conjuntas para mejorar el transporte público, pero de esto, dicen organizaciones de taxistas ellos no fueron firmantes y por tanto consideran que hay decisiones unilaterales de la autoridad que no están dispuestos a acatar, cuestionando implícitamente que la autoridad tenga facultades para hacerlo así.

La Secretaría de movilidad sostiene que este proceso de regularización gradual al igual que la implementación de los mecanismos de seguridad, son viables, accesibles y financiables sin merma excesiva de las utilidades de los transportistas, además que será por única ocasión que se tenga que realizar de este modo, dado que el vencimiento de cerca de cien mil concesiones se dio por malos hábitos de los transportistas, en alguna medida propiciados por los funcionarios de transporte en turno; pero los transportistas objetan que la seguridad la debe garantizar el estado y no pagarla los concesionarios, además aseguran que tuvieron la promesa personal del entonces candidato y hoy gobernador, de que el ejecutivo se haría cargo de los costos de los mecanismos de seguridad.

Así las cosas, parece que la única opción viable para desenredar todo esto y no jugar al teléfono descompuesto o a las vencidas, sería una mesa de diálogo abierta, dónde expongan claramente el fundamento y motivo de cada medida, consideren sobre las condiciones y capacidades reales de los concesionarios para continuar con su trabajo, pero no a complacencia plena de estos, pues no se pueden conducir así la política de transporte. Adicional a ello sería bueno ampliar temporalmente la capacidad de la dependencia para desahogar sin falla todos los trámites por atender. Si evitan los vericuetos y los rincones obscuros quizá sea más fácil despejar sospechas y legitimar el proceso, para terminar con un proceso históricamente viciado. Con transparencia sale, creo yo.

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