Ahora que se intensifica el debate sobre la propuesta de “Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias”, los cuales atraviesan por un proceso de consulta que culmina el 22 de agosto, a través de una página de internet a cargo del Gobierno de México (https://portal.crt.gob.mx/ConsultaPublica/Detalle/15), para definir su versión final y promulgarlos, ante la desconfianza de empresas de medios y periodistas, la presidenta de México ha asegurado que no hay intención alguna de censura, sino de impulsar la autorregulación respetando la pluralidad, ya que “el derecho a la información veraz es un derecho constitucional del pueblo de México”; pero al otorgar al gobierno la última palabra en caso de controversias por quejas ciudadanas, persiste la intranquilidad que al menos podría llevar a la autocensura por el temor de enfrentar procesos tortuosos de atención a quejas o de defensa ante posibles sanciones.
A este debate, intentando “emparejar el terreno”, se ha sumado la propuesta del Grupo Parlamentario del PRI en el Senado para solicitar que el gobierno federal garantice el derecho de réplica en las conferencias matutinas de la presidencia, cuando se emitan señalamientos o información que afecte a personas, medios u organizaciones, considerando que dicho ejercicio de comunicación funciona como un programa televisivo que debería asumir esa obligación. Yendo más lejos, la dirigencia nacional del PAN anunció de manera paralela que impulsaría una iniciativa de ley con el mismo fin.
Al respecto la dirigencia de Morena rápidamente ha tratado de defender la negativa a la réplica asegurando a través de un comunicado que “la mañanera” es un ejercicio de comunicación directa, transparencia y rendición de cuentas, en la cual participan periodistas de medios nacionales, locales, independientes y comunitarios con distintas posiciones editoriales y rematan acusando que se pretende silenciarla.
Hay registro que desde esas presentaciones matutinas, desde los tiempos del presidente López Obrador se ha emitido información inexacta o sin sustento, al igual que se ha descalificado a diferentes personajes y organizaciones y se han emitido consideraciones político partidistas sin mostrar las evidencias de lo señalado e incluso se incumplió con la orden de un juez que en 2023, consiguió Xóchitl Gálvez a través de un amparo, para que le concedieran mismo tiempo y espacio en el que a ella se aludió desfavorablemente.
Es innegable el gran alcance que ha tenido este formato de comunicación institucional financiado con recursos públicos, operado por servidores públicos y conducido centralmente por la presidenta auxiliada por sus subordinados y otros funcionarios, por ello quizá antes de pedir que se equipare a un medio de comunicación comercial, ojalá la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno garantizara que vigilará el buen cumplimiento del Código de Ética de los servidores públicos y la Ley de Responsabilidades en lo referente a garantizar información veraz y oportuna, que es un derecho constitucional y ya que absorbió las funciones del INAI, además velen eficazmente por el derecho a la información y se atreva a sancionar al aquel servidor público que probadamente falsea o tergiversa la información de la institución de la que es titular o que teniendo funciones de comunicación o propaganda difunde datos falsos o infundados y opiniones que exceden sus competencias, ya que aspiramos a la autorregulación y la responsabilidad para todos. Ojalá lo veamos.
