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Martes , 26.03.2019 / 15:41 Hoy

Fuera de Registro

Internet sin fronteras (pero con leyes)

Nicolás Alvarado

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No era añosa ni ignorante ni lo que hemos dado en llamar una analfabeta cibernética. Usaba un procesador de palabras, hacía cuentas en una hoja de cálculo, navegaba con un buscador, se comunicaba por correo electrónico, tenía —como buena señora mayor— Facebook aunque no Twitter. Aun así, poco antes de morir, formuló a su hija una pregunta a la que ésta —no tuvo manera de dar respuesta satisfactoria: ¿dónde está internet? Es decir que la señora comprendía que la herramienta le servía para tener comunicación instantánea y simultánea con personas y empresas e instituciones enclavadas en todas partes del mundo pero imaginaba una suerte de gran oficina central de Internet Inc. —o acaso muchas instalaciones dispersas en las principales ciudades del mundo, a la manera de las compañías telefónicas o de los servicios postales— abocada a la gestión administrativa y técnica de las comunicaciones digitales. Mi amiga le explicó que internet no estaba en un lugar específico o siquiera en muchos sino en todas partes y en ninguna. “Pobre mi mamá”, sentenció ante mí, entre reportes de la evolución de la enfermedad que habría de acabar con la vida de su progenitora. “Se va a morir pensando que internet es Dios”. Omnipresente, a saber si omnisciente y sin duda incorpóreo, lo es. También puede ser —¡ay!— el diablo.

Lo que me hizo recordar la anécdota fue una nota del periódico Le Monde —ése que antes encontraba yo sólo de vez en cuando y a precio de oro en La Casa de la Prensa, o que me procuraba casi como fetiche no bien pisaba suelo francés, y con cuyos titulares desplegados en la pantalla de mi teléfono amanezco ahora todos los días— sobre las actuales manifestaciones públicas en Rusia a propósito del endurecimiento de la legislación sobre internet en aquel país. De acuerdo a la información, el Parlamento ruso aprobó el viernes pasado una ley que proscribe la utilización de los llamados anonymizers, servicios que permiten acceder en forma anónima a sitios bloqueados en territorio ruso, así como otra que obliga a los usuarios de mensajería virtual a identificarse con un número telefónico para su uso. Esto se suma a una legislación aprobada el pasado 1º de enero que obliga a toda empresa web ya rusa, ya extranjera a mantener una base de datos de sus usuarios en Rusia y a comunicarlos a las autoridades en caso de serles requeridos.

Resulta comprensible la ira del millar de rusos congregados frente al Kremlin, y de muchos más que no han tomado las calles pero se oponen igualmente a las medidas. Me atrevo a afirmar, sin embargo, que su materia se encuentra desencaminada: en una sociedad genuinamente democrática, en que los derechos humanos —y señaladamente la libertad de expresión y la de asociación— fueran objeto de garantías sólidas, no debería llamar a alarma (sino todo lo contrario) la posibilidad de rastrear la identidad de los usuarios de internet en caso de conductas delictivas o lesivas, trátese de terrorismo, incitación a la violencia, actos criminales o incluso calumnia o difamación. El problema, entonces, no deriva de un endurecimiento de la legislación de internet sino de cómo puede capitalizar esto un gobierno antidemocrático que practica la vigilancia de sus ciudadanos y limita sus libertades.

Sirve la coyuntura para recordar algo que ya he dicho antes aquí, que se erige en tema recurrente en la agenda —lo fue por última vez en ocasión de los más recientes atentados en Londres— y que se antoja uno de los grandes pendientes jurídicos de nuestro tiempo: es necesaria una legislación que regule la operación de las empresas de tecnologías de la información —redes sociales, servicios de mensajería, buscadores— y esa legislación debe ser internacional, y acaso ésta debe obligarlos a rendir cuentas no a las instituciones de impartición de justicia nacionales sino a Interpol o a una instancia supranacional dedicada de características similares.

En efecto, vivimos una revolución —la digital— cuyo efecto ha sido la difuminación de las fronteras. Esto permite no sólo que personas enclavadas en distintos puntos del orbe intercambien documentos con inmediatez o tengan una conversación cara a cara en tiempo real sino que también ha redundado en la irrelevancia de la geografía en los actos que se cometen en el entorno virtual. Si la información es hoy global y por tanto trasciende los espacios nacionales, es de esperarse que una muy necesaria legislación del espacio virtual se vea emancipada también de esas ataduras, nos haga todos iguales ante una ley que debería aplicar para todos, hayamos nacido donde hayamos nacido, vivamos donde vivamos, estemos donde estemos.

En suma, no es necesario legislar internet aquí (o allí). Pero es necesario hacerlo ahora.

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