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Domingo , 24.03.2019 / 10:41 Hoy

Columna de Miguel Zárate Hernández

La industria de la construcción ¿o qué dijo?

Miguel Zárate Hernández

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Dicen que cuando alguien dice algo que no quería decir pero que de alguna forma andaba por ahí rondando en su inconsciente, comete un “acto fallido”. También los expertos saben muy bien de qué se trata y hasta le ponen nombres como el latinajo “lapsus linguae” o técnicamente un “desliz freudiano” ya que fue el creador del psicoanálisis quien desde luego lo consideró así. Pues bien, habrá que analizar sin ligerezas el por qué al gobernador Aristóteles Sandoval “se le salió” mencionar como “industria de la corrupción” a la industria de la construcción, nada menos que en el preciso acto donde rindió protesta el nuevo presidente de la cámara del ramo en Jalisco, Luis Rafael Méndez Jaled.

Claro que a cualquiera una palabra se nos va sin la mínima intención y hasta cuando queremos decir incluso todo lo contrario. Sin embargo, la verdad de las cosas es que el Gobernador pronunció una que definitivamente tiene fondo, mucho fondo entre quienes se dedican a la actividad. Por sabido se da que la puja por contratos del sector público constituye la piedra de toque en el problema de las vinculaciones entre funcionarios y empresarios del sector. Y no es que deje de reconocerse que industriales de esta esfera han hecho de la “cultura del moche” una práctica casi habitual -sin querer generalizar pues hay muchas honradas excepciones-, siempre existirá la supuesta justificación de que “no hay de otra” para conseguir obra pública. La cuestión es que esto ha descompuesto a tal punto la relación que, por lógica, vienen a ser los pequeños y medianos constructores los principales afectados pues se dice que para conseguir tan preciado contrato ya no hace falta tan solo querer “contribuir” con el respectivo diezmo, si no, hay que pertenecer a una exclusiva red de camaradas. Esta lucha por los contratos, además, podría empeorar ahora que se vislumbra una reducción sustancial en el presupuesto oficial de la materia. Ya el nuevo presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, delegación Jalisco, observa el panorama con realismo. Simplemente es el caso del Fondo Metropolitano que este año redujo su monto en un 70 por ciento y, ante la inmediatez de relevos en los tres niveles de gobierno, en efecto habrá que ir pensando en que la última “obra magna” durante buen lapso será la de la línea tres del tren eléctrico. De manera que la obra pública seguirá siendo cada vez más disputada, vamos más cotizada, razón por la cual efectivamente urge más que nunca una vigilancia especial en torno a las asignaciones. Quizá ya no sea tan sencillo aplicar la política de que de la obra sale para las campañas, pero… quién sabe.

Por ello tiene tanto sentido que Méndez Jaled tenga como una meta inmediata una nueva Ley de Obra Pública del Estado ya que la vigente data de 2004, sobre todo para adaptarla a los tiempos, a los propósitos de transparencia y a la necesidad de que sea congruente a la nueva normatividad nacional. A pesar de que la gestión del presidente de CMIC apenas comienza, sus intenciones van contra reloj ya que también habrá cambios en la Legislatura. Por lo pronto, el Gobernador manifestó inclinarse por la inclusión del “testigo social” en las asignaciones, lo cual se oye bien, siempre y cuando la supervisión del tema sea realmente ciudadana y no, como se acostumbra, originada en las cuotas partidistas. Y vaya que para el Gobierno estatal no ha sido fácil superar los escándalos de corruptelas de años pasados que llevo a la remoción de algunos funcionarios. Tal vez la cercanía de una fecha simbólica -el 3 de mayo-, para la industria y de manera particular para sus trabajadores nos deba hacer pensar en que, a fin de cuentas, un valor fundamental del sector es su aportación al empleo y la correspondiente derrama económica. Buen punto sería respaldar propuestas como las de la Fundación del Sector de la Construcción (FUSCOJAL), que desde hace ya algunos años impulsa el ingeniero Carlos Valencia, a efecto de que las empresas tomen una verdadera Responsabilidad Empresarial y regresen un poco del esfuerzo que dichos trabajadores hacen y los beneficios sociales que esto conlleva. Firmar convenios de alguna retención voluntaria en los contratos de obra pública en su provecho, parece naturalmente una buena idea.

Los desafíos que le toca enfrentar Luis Rafael no son pocos. Toma el control de uno de los grupos empresariales más vulnerables a los vaivenes económicos y el mercado actual se muestra inestable en muchos aspectos, acosado por alzas constantes en los precios de materiales, la paridad cambiaria, los recortes en el gasto público, cierta retracción en la inversión privada y muchas cuestiones más. Efectivamente un nuevo marco legal para la obra pública se ve fundamental para que, también, se logre otro gran objetivo: privilegiar a las empresas locales y por ende fomentar la economía local. Nadie puede pensar que el Gobernador efectivamente vea a la construcción como una industria de corrupción. Fue un dislate común, quizá intrascendente. Para el flamante presidente de la CMIC, no son “sinónimos” en forma alguna pero bien está, excelentemente bien, que constituya una preocupación y que exija las medidas legales y administrativas para acabar con los famosos “moches”. Esto debe hacer conciencia, también, entre los propios empresarios que buscan siempre el “modo” para hacerse de obra y, por otro lado, es oportunidad de amarrar las manos a los funcionarios, que la transparencia y ejercicio pulcro del gasto público sea mucho más que las frases con las que nuevamente nos llenarán los oídos los actores políticos durante las ya no tan distantes contiendas.

miguel.zarateh@hotmail.com

Twitter: MiguelZarate_12

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