Por cinco días, en un hecho inédito en nuestra vida legislativa, en jornadas de más de 12 horas, los que integramos la LXII Legislatura del Congreso de la Unión abordamos cuatro dictámenes de gran relevancia para el futuro de nuestro país.
Los medios de comunicación hicieron crónicas de estos hechos, el Diario de los Debates registró cada una de nuestras palabras y la Mesa Directiva detalló las estadísticas de estas jornadas: horas de sesión, número de oradores, cantidad de reservas.
Días y noches aquí estuvimos legisladores, reporteros, técnicos, asesores y personal de los servicios de apoyo. Nunca como en estos días, en la sede del Senado de la República de Paseo de la Reforma 135 se había trabajado con tal intensidad y debatido durante tantas horas.
Lamentablemente, este gran esfuerzo humano tuvo como resultado la aprobación de cuatro dictámenes, cuya aplicación dañará a nuestro país y afectará el bienestar de millones de mexicanos.
Con sus dinámicas y particularidades, en la Cámara de Diputados se realizarán sesiones similares. También se aplicarán votaciones mecánicas. Se debatirá, pero no se aceptarán modificaciones, porque la “instrucción” desde arriba es no cambiar ni una coma.
Los grupos parlamentarios de PRI, PAN y PVEM determinaron llevar adelante este paquete de reformas, para que bajo la figura de contratos, en sus diversas modalidades y licencias, se privatice la producción de hidrocarburos, se entregue la renta petrolera a particulares y Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad desaparezcan.
En esta reforma existe un doble engaño. La primera mentira: Se dijo que no se privatizaría el sector energético, pero el contenido de las 15 reformas que discutimos resulta completamente privatizador. Privatiza la renta petrolera, la extracción de crudo, del gas y la refinación. Privatiza el transporte, el almacenamiento y la distribución. Privatizan toda la cadena de valor de los hidrocarburos; pero lo que no lograrán privatizar es la historia del petróleo en México. Privatiza la industria eléctrica en todas sus acepciones: generación, transmisión y distribución.
La segunda mentira: se dijo que la reforma traería beneficios inmediatos a la población, al bajar el precio de las gasolinas, el gas y la electricidad; por el contrario, éstos siguen y seguirán aumentando.
La propuesta de reformas que pretenden aprobarse abre peligrosamente la ruta de la polarización social y política.
Construir alianzas para excluir a las posiciones que consideran que el sector energético no debe privatizarse daña la convivencia democrática y demuestra la falta de visión del actual gobierno de la República. De ese lado no existen estadistas que puedan comprender las dimensiones del error que están cometiendo. Están hundiendo al país y cediendo a chantajes en perjuicio de los intereses de la nación.
Debe enfatizarse que la decisión del general Lázaro Cárdenas del Río de nacionalizar la industria petrolera en 1938 fue la correcta. Refrendamos el compromiso del general Cárdenas para que el sector energético sirva a los intereses nacionales y sea el motor de nuestro desarrollo.
Para el PRD, su dirigencia, sus grupos parlamentarios y sus militantes, resulta muy importante que la sociedad conozca los motivos por los cuales votamos contra este paquete de cambios, como en su momento lo hicimos con la reforma constitucional.
Las compañías petroleras transnacionales serían dueñas de nuestro petróleo, a través de varias modalidades de contratos y de licencias. El desempleo aumentaría, porque Pemex y CFE serían desplazadas por empresas extranjeras. Campesinos e indígenas serían despojados de sus tierras para entregárselas a empresas trasnacionales. Fomentaría la corrupción para beneficio de empresas extranjeras, de funcionarios e incluso de algunos legisladores que promueven estos cambios.
Quienes piensen que el tema termina con las votaciones de estos días, se equivocan rotundamente. Se trata de un capítulo más en una larga lucha en donde las fuerzas nacionalistas y progresistas defendemos a nuestro país.
La aprobación de estas reformas, lejos de desanimarnos, nos fortalece en nuestras convicciones y en la lucha por la defensa del petróleo y nuestros recursos energéticos. Está en marcha la recolección de firmas para lograr una consulta popular que revierta este atraco a la nación. El voto de decenas de senadores o de centenas de diputados no podrá contra la voluntad de millones de ciudadanos que apoyan la consulta popular.
Algunas voces viperinas han declarado con cierto cinismo que el PRD pierde esta batalla. Quienes pierden con esta reforma son 112 millones de mexicanos y quien gana es una decena de familias.
La ruta de la izquierda está trazada: con el apoyo de la sociedad podremos revertir este atraco a la nación. Que no se olviden estos días. Para algunos estarán presentes en nuestros sueños de cambio, para otros, serán los fantasmas de sus pesadillas.
