El año pasado mi compañero Jaime Zambrano publicó una nota donde afirmaba que en un lustro (o sea cinco años), la entidad perdió más de mil hectáreas de bosque húmedo, causando un grave daño al ecosistema.
Según la “Agenda institucional 2024: de la reflexión a la acción”, documento desarrollado por investigadores de la Universidad Iberoamericana Puebla, el estado registra una crisis en materia de medio ambiente.
Esto se debe a la sobreexplotación de recursos provocada por comerciantes que buscan el máximo de ganancias con el mínimo esfuerzo, los incendios forestales, la contaminación y la disminución del agua.
Desafortunadamente este tipo de reportes nunca son tomados en cuenta por las autoridades, hasta que suceden tragedias como la ocurrida en días pasados en la zona serrana del estado con el saldo fatal de al menos nueve personas fallecidas.
Más allá de que la Federación y el estado respondan a las familias afectadas, este tipo de catástrofes pudieron evitarse, si los gobiernos hubieran actuado con la ley en la mano, para contener la tala indiscriminada.
La falta de árboles en los cerros provoca que las lluvias, aunque no sean torrenciales, se lleven todo a su paso, al quitarle una barrera de contención natural, que impediría a esas avenidas de agua causar daños al entorno.
Hay quienes afirman que la carencia de Atlas de Riesgo es otro factor determinante, pues construyen viviendas donde no deberían, porque los usos y costumbres a veces están por encima de los reglamentos.
Es lamentable que cuando suceden hechos como los de Huauchinango, Xicotepec, Pahuatlán y otras comunidades serranas, antes de ayudar a los damnificados, buscamos culpables cuando todos sabemos el origen pero nadie se decide a actuar.
La promesa de la presidenta Claudia Sheinbaum de no desamparar a las familias afectadas es buena, pero una vez subsanada esa deuda, habría que pensar en iniciar la remediación para evitar más desgracias en el futuro.
