Del dicho al hecho, hay mucho trecho.
En mayo de 2017, luego de un terrible enfrentamiento entre ladrones de combustible y efectivos del Ejército, el presidente Enrique Peña Nieto anunció una campaña a nivel nacional para acabar con el famoso huachicoleo.
En el acto conmemorativo de la Batalla de Puebla, el presidente dijo: “He dado indicaciones a las secretarías de la Defensa Nacional, Marina y Hacienda, a la Procuraduría General de la República y a la dirección de Pemex para instrumentar una estrategia integral para combatir este ilícito en toda la geografía nacional”.
La intención seguramente (y por supuesto) era buena, pero el resultado fue un fracaso. Se terminó el sexenio peñista y el robo a ductos de Pemex se mantuvo sin control, por más que las autoridades se habrían empeñado en evitarlo.
Ayer el nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, también anunció una campaña contra el robo a los ductos.
Aparentemente, y eso habría que celebrarlo, habrá un nuevo enfoque para combatir a los huachicoleros, y entre ellos destaca un control mucho más activo al interior de refinerías y centros de distribución, donde en apariencia existen cómplices de los ladrones de combustible.
El primer paso se ha dado en la dirección correcta. También hay que dar uno más, y consiste en apretar las tuercas en los linderos de los gasoductos, donde viven y trabajan los criminales que se dedican a robar a Pemex.
No es ningún secreto que existen poblados en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Puebla, Veracruz y Jalisco, donde viven decenas de ladrones de combustible, y decenas más de personas que son cómplices, o se hacen de la vista gorda ante los ilícitos. No se trata de dar un manotazo al avispero, pero sí de ir restringiendo la operación de los criminales, de manera que poco a poco sea más difícil hacerse del combustible.
El anuncio de López Obrador fue bueno. Es una iniciativa que todos aplaudimos. Hay que terminar con el crimen organizado.
Pero no será fácil. La tarea del Estado será aplicar la ley. La de los ciudadanos, apoyar a las autoridades y, sobre todo, no comprar gasolina robada. Lo más importante, sin embargo, será que el anuncio no sea sólo eso: un anuncio.
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