La insistencia de Donald Trump en amenazar a México con incursiones militares bajo el argumento de combatir a los cárteles no puede entenderse únicamente como una estrategia de seguridad. También funciona como un instrumento político y mediático en momentos en que Estados Unidos mantiene tensiones y operaciones ligadas a Irán, aunque el discurso oficial pretenda presentar ciertos conflictos como asuntos “controlados”. La fabricación constante de enemigos externos ha sido históricamente uno de los recursos predilectos del poder estadounidense para cohesionar políticamente a su sociedad y desplazar la atención de sus propias crisis internas.
No es casual que más de cincuenta medios estadounidenses e internacionales hayan amplificado estas declaraciones hasta convertirlas en una narrativa global de “guerra contra los cárteles”. El problema del narcotráfico existe, por supuesto, pero también es utilizado como herramienta electoral y geopolítica.
Detrás de esa retórica aparece una contradicción estructural que los gobiernos mexicanos han señalado repetidamente. Tanto Andrés Manuel López Obrador como Claudia Sheinbaum han planteado una pregunta elemental: ¿cómo puede existir un mercado multimillonario de narcóticos sin una demanda gigantesca dentro de Estados Unidos?
Los propios datos oficiales estadounidenses muestran que alrededor de una cuarta parte de su población ha consumido drogas ilícitas durante el último año. Estamos hablando de decenas de millones de consumidores. Pretender entonces que el fenómeno nace exclusivamente en México constituye una simplificación propagandística funcional para Washington.
A ello se suma otra evidente disparidad. Mientras Estados Unidos exige más acciones, capturas y extradiciones a México, el gobierno mexicano ha reclamado que Washington no ha respondido con la misma disposición a solicitudes de entrega de personas vinculadas con redes de huachicol fiscal y otros delitos. La propia presidenta Sheinbaum recordó recientemente que México ha enviado decenas de personas requeridas por autoridades estadounidenses, mientras varias solicitudes mexicanas continúan sin respuesta.
Ninguna estructura criminal de semejante magnitud podría operar sin redes financieras, tráfico de armas, corrupción institucional y complicidades que atraviesan ambos lados de la frontera. Las armas fluyen desde Estados Unidos; el dinero se lava en circuitos financieros internacionales dominados por bancos y corporaciones globales; y el gigantesco consumo estadounidense sostiene económicamente a los cárteles.
Por eso resulta profundamente cínico y contradictorio que Washington amenace con “combatir” militarmente aquello que durante décadas ha alimentado y administrado desde dentro.
