Durante décadas entendimos la soberanía como la defensa del territorio. Hoy esa definición resulta insuficiente. Un Estado también demuestra su soberanía cuando protege a sus ciudadanos lejos de sus fronteras.
México está dando un paso importante en esa dirección frente al endurecimiento de la política migratoria estadounidense y, particularmente, ante las muertes de mexicanos relacionadas con operativos y centros de detención del ICE.
El 9 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum decidió dar un golpe de timón al tema binacional e instruyó a la Cancillería pasar de la protesta diplomática a la acción jurídica. La respuesta no quedó en el discurso: la SRE y la FGR presentaron una denuncia ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos por 17 casos; además, el 13 de julio se interpusieron 20 denuncias, ocho ante fiscalías estatales y 12 ante fiscalías de condado, en Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Luisiana, Misuri y Texas.
México también acudió al ámbito multilateral. El canciller Roberto Velasco Álvarez solicitó al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos revisar los casos, pedir información a Estados Unidos y evaluar su compatibilidad con los instrumentos internacionales de derechos humanos. La red consular, entretanto, mantiene acompañamiento jurídico a las familias y apoyo para la repatriación de los restos.
Pero quizá el cambio más significativo está ocurriendo en los tribunales estadounidenses. México respaldó como amicus curiae (es un tercero ajeno a un litigio que presenta de forma voluntaria una opinión técnica, argumentos jurídicos o información relevante para ayudar al juez a resolver un caso de trascendencia social o interés público) una demanda contra ICE y el centro de detención de Adelanto, California, donde se documentan hacinamiento, deficiencias médicas, alimentos en mal estado y uso excesivo de la fuerza. Tanto así que cuatro mexicanos murieron allí entre septiembre de 2025 y marzo de 2026.
No se trata solamente de reaccionar ante las tragedias. La estrategia jurídica mexicana cuenta además con una red de 329 representaciones legales contratadas mediante el Programa de Asistencia Jurídica a través de Asesorías Legales Externas, y durante 2025 la red consular registró más de 176 mil atenciones de asistencia y protección a mexicanos en el exterior.
¿Se ha hecho justicia ya? No. Y sería irresponsable afirmarlo. Las denuncias apenas abrieron procesos cuya evolución depende ahora de autoridades estadounidenses. Pero sí existe un cambio sustancial: Nuestro país dejó de limitarse a expresar preocupación y comenzó a utilizar instrumentos penales, civiles, consulares y multilaterales para defender a sus ciudadanos; básicamente recurrió finalmente al uso de artillería pesada, dentro de los causes legales.
Hoy se hace patente una exigencia que era impostergable; La patria también cruza la frontera, y cuando un mexicano está en riesgo, la obligación del Estado mexicano no termina en una garita. Ahí, precisamente, comienza otra forma de soberanía: la de no dejar solos a quienes, desde lejos, siguen siendo parte vital de México.
