En la apresurada instalación de una Guardia Nacional que tiene mando militar, a pesar de lo establecido constitucionalmente, se han iniciado ya varios despliegues de este cuerpo de seguridad pública en el territorio nacional. En este contexto se ha evadido, además, la necesidad de dotarla de un marco normativo que ofrezca garantías en materia de derechos humanos.
Se están cocinando las propuestas de leyes secundarias en el Senado, donde las apuestas han sido variadas. Morena ha mantenido en el hermetismo su propuesta, para la que solo se ha permitido recibir retroalimentación de las fuerzas armadas. Por sus declaraciones, los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional, como el candidato independiente Emilio Álvarez Icaza, en cambio, han sido receptivos con las sugerencias de especialistas, sociedad civil y organismos internacionales. De los demás no hay gestos que indiquen que estén dispuestos a dar la batalla en esta ocasión. Ojalá lo hagan. Por lo pronto ya está la convocatoria para periodo extraordinario. Sin embargo, no incluye la presentación de iniciativas. Aunque esto lastima la legitimidad del proceso, parece que una vez más, la pulcritud parlamentaria no parece ser prioritaria.
Si el objetivo de ofrecer una Guardia Nacional con garante constitucional se emitió imprimiéndole un espíritu civil, sería fundamental que las leyes secundarias refuercen esta intención y reduzcan los resquicios que dan pie a la militarización de la seguridad pública.
Demasiado tarde, dirán algunos que se han resignado a que la Guardia Nacional se impregne de características castrenses y abandoné su compromiso civil. Para quienes consideran que no hay que renunciar a la posibilidad de minimizar esa posibilidad, resulta indispensable insistir en que el Senado abra de nuevo sus puertas para discutir estas iniciativas en un parlamento abierto.
La Organización de Naciones Unidas, a través de Jan Jarab, representante de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, ha realizado ya un aporte significativo que ha dejado plasmado en una carta enviada al Senado con el objetivo de motivar a las y los senadores a que la regulación secundaria de la Guardia Nacional cumpla con los estándares internacionales con una perspectiva de seguridad ciudadana. A esta carta anexa incluso un par de documentos técnicos que podrían aportar elementos para la Ley del Uso de la Fuerza y la Ley Nacional del Registro de Detenidos.
Entre algunas de las sugerencias se establecen los principios para el uso de la fuerza, perspectiva de género, transparencia y rendición de cuentas, supervisión ciudadana y límites del uso de la fuerza en manifestaciones, además de la prohibición de todo tipo de tortura. Hacen explícita también la urgencia de que se definan los ámbitos de aplicación material y temporal para el registro de detenciones.
Si este periodo extraordinario se utiliza únicamente para obviar deliberaciones y regular el carácter autoritario de un cuerpo militar de seguridad, desde su nacimiento la Guardia Nacional habrá fracasado.
@maiteazuela
