El viernes se cumple una semana de que el secretario de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México, Jesús Orta Martínez, renunciara al cargo. Una vez hecha pública su renuncia se informó que Omar García Harfuch sería el relevo.
Las reacciones no son homogéneas. Hubo voces que festejaron el nombramiento de García Harfuch, como la de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), que hizo votos para que el nuevo secretario de Seguridad tenga éxito y los índices delictivos de Ciudad de México disminuyan. Otra de las voces que hizo eco de la celebración del cambio de estafeta fue la del Observatorio Nacional Ciudadano, que en voz de su director Francisco Rivas, señaló que García Harfuch “llega con buenos números y muy buena trayectoria a la institución”.
Sin embargo, hay algunos elementos que no deben pasar desapercibidos. Cuando sucedieron los hechos de Iguala de 2014, García Harfuch acababa de abandonar el cargo como coordinador estatal de la Policía Federal en Guerrero, y en 2016 sustituyó a Tomás Zerón de Lucio al frente de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR.
Como lo señala MILENIO Diario en 2017: a partir de fuentes judiciales, cuando fue detenido Sidronio Casarrubias Salgado en octubre de 2014, unos de los principales señalados por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, entre los objetos que le fueron incautados por las autoridades federales, se encontraba una libreta que contenía una serie de datos, entre ellos, teléfonos, nombres, direcciones, y otros datos. En ese catálogo se encontraba anotado lo siguiente: “Omar García Harfuch. Federal. El comisario de GRO". Y un teléfono en un círculo: "5526738110”. Esto podría no ser relevante si no fuera porque dos policías federales que fueron sus subordinados, hasta un mes antes de que dejara el cargo, estuvieron en el Palacio de Justicia y conversaron con policías de Iguala que detuvieron a los estudiantes. Sumemos a esto que, de acuerdo con un cable divulgado por WikiLeaks, García Harfuch y 11 agentes de la Policía Federal fueron investigados por el gobierno de Estados Unidos por presuntas labores irregulares.
El gobierno federal y la Fiscalía General de la República han manifestado que la investigación sobre el caso Iguala se está reencausando y que no dejarán ningún cabo suelto. Esto quiere decir que en algún momento de los próximos meses la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa debe, cuando menos, llamar al secretario de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México a ampliar su declaración. El llamado lógicamente, no sería porque lo presuman culpable de la desaparición de los estudiantes, sino porque hay una explicación pendiente. Además de los pocos resultados que dio una vez que sustituyó a Zerón de Lucio en esa misma investigación, no hizo una investigación de las irregularidades de las que fue señalado su antecesor.
Quizá el hecho de ser nombrado como encargado de garantizar la seguridad en Ciudad de México inhiba a la Fiscalía o a la Comisión Presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa para llamarlo a ampliar su declaración. En todo caso, para el propio García Harfuch sería conveniente presentarse y ofrecer su versión acerca de estos cabos sueltos.
@maiteazuela
