El triunfo del empresario Donald Trump, en funciones ya como presidente de Estados Unidos, obliga a reflexionar en torno de las diversas formas de entender y hacer política en el contexto de las modernas democracias del siglo XXI.
Ha llegado a la presidencia del país más poderoso del mundo un hombre que sabe muy poco de política y mucho de negocios. A lo largo de toda su vida, él ha construido su fortuna aprendiendo a moverse en el complejo mundo de las exigencias legales y las oportunidades financieras, tomando y aprovechando en cada momento las tendencias favorables del Estado y del mercado.
En esencia, gobernar supone la capacidad de los líderes políticos para generar acuerdos que permitan administrar y acrecentar el bien común, de manera que todos se beneficien mediante su trabajo y participen en la construcción de la sociedad y sus instituciones; esta verdad elemental tomada de cualquier libro de teoría política, en realidad es reiteradamente desmentida por las dinámicas de corrupción e impunidad en que vivimos. A lo largo del presente sexenio hemos tenido conocimiento de la existencia de exgobernadores en la cárcel o prófugos y de altos funcionarios acusados de delitos de desvíos multimillonarios de dineros públicos, entre otras implicaciones, se hace evidente las graves consecuencias de la confusión existente entre la visión de Estado y la visión empresarial.
El Estado y sus gobernantes políticos son servidores públicos, es decir, administradores, no dueños de una riqueza que pertenece a los gobernados y no a ellos; en consecuencia resultan injustificados y altamente ofensivos para la depauperada sociedad mexicana los sueldos, salarios, prestaciones y compensaciones de esos altos funcionarios que viven confundiendo el Estado con la empresa, donde sí son justificados elevados sueldos y estilos de vida de frivolidad y despilfarro, a la manera del magnate presidente Trump.
La motivación para el ejercicio de la vocación política debe ser el servicio y no el lucro. Si los políticos se dan vida de empresarios en perjuicio de todos los gobernados corrompen y prostituyen el bien común, razón de ser de la democracia.
