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Para Reflexionar

Corrupción

Luis Rey Delgado García

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La corrupción es un veneno que destruye la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas, los gobiernos y la misma democracia. La verdadera democracia exige respeto y condiciones justas e igualitarias, pero es imposible conseguirlo cuando los ciudadanos tienen que pagar sobornos para obtener atención médica, políticas justas o agua limpia. El pago de sobornos para obtener contratos pervierte las decisiones relativas a políticas públicas, desviando el dinero público a personas deshonestas.

La corrupción a pequeña escala se produce cuando se espera que la gente pague sobornos a un funcionario para obtener el servicio al que tiene derecho. El empleado abusa de su puesto para obtener ingresos extra a costa de los ciudadanos y del propio servicio. Ejemplos típicos son el pago de sobornos a trabajadores de los servicios de suministro de agua para que registren una lectura del contador falsa, a los trabajadores de los servicios médicos para que den un tratamiento antes de la fecha asignada o a los funcionarios de aduanas para que permitan el paso de productos de contrabando sin pagar impuestos.

Los ciudadanos tienen malas experiencias con las autoridades cuando se trata de cubrir sus necesidades básicas. Sin una buena gobernanza ni servicios públicos transparentes que funcionen y a los que todo el mundo pueda acceder por igual, a menudo la única manera de obtener asistencia médica, permisos de construcción, órdenes judiciales y otros servicios es hacer regalos o dar dinero.

La corrupción a pequeña escala perjudica seriamente los servicios públicos. Se engaña a los ciudadanos. Vulnera el principio de un trato justo y equitativo. Socava la integridad de los funcionarios. Lo que debería ser un servicio público se convierte en otra transacción comercial.

La corrupción a gran escala – el fraude a gran escala por parte de políticos y empresas – es un problema todavía más grave, que pervierte al propio Estado.

Habrá que exigir servicios públicos de calidad y prevenir que la política pública sea capturada por intereses comerciales. La “cultura de la corrupción”, es rechazada por la mayoría de la opinión pública, pero observamos la corrupción “legal” a través de donativos, tráfico de influencias, grupos de presión. Para combatir la corrupción se necesitan más poderes y autonomía en los organismos de auditoría pública, y que el sistema nacional y estatal anticorrupción otorgue poder a las organizaciones de la sociedad civil a favor de la toma de decisiones financieras democráticas, transparentes y responsables. Tenemos mucho por hacer todos los ciudadanos organizados o no.


luisrey.delgado@grupolala.com

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