Resulta que la iniciativa de reforma política a nivel constitucional nació muerta. Y la causa principal residió en dos torpezas de origen: la intención de recortar los recursos para los partidos políticos, y el extraño mecanismo que se propuso para distribuir las 200 curules de representación proporcional (RP) de la Cámara de Diputados, que asignaba la mitad de las mismas a los “mejores perdedores”, es decir, entre aquellos “que no obtuvieron el triunfo en el distrito en el que participaron, ordenados porcentualmente de manera decreciente conforme a la votación distrital válida emitida de su propio partido en esa misma elección”, y las otras cien “por votación directa en cinco circunscripciones regionales, en donde se integrarán las diputaciones electas por las ciudadanas y ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero”, (artículo 53 constitucional).
Fue una buena noticia que la iniciativa respetase la integración mixta de la Cámara de Diputados (tres quintos a la mayoría relativa y dos quintos a la RP), pero la nueva mecánica para la asignación de ésta dejaría fuera del juego a los partidos pequeños, en particular a los integrantes minoritarios de la 4T. La intención de esta medida fue “erradicar burocracias [partidistas] sobredimensionadas”. Es decir, reducirle a las dirigencias su capacidad de integrar las listas de RP con la aristocracia de oro en cada partido, y así obligar a los enlistados a hacer campaña en la circunscripción que les corresponda. Suena bien, pero las implicaciones serían enormes en un escenario competido y con escasez de recursos.
El modelo todavía vigente favorece el multipartidismo. El que se propuso en la reforma nos acercaría al bipartidismo o al monopartidismo. Si sumamos que también se pretendía recortar los recursos públicos asignados a los partidos, del 65% de la UMA diaria multiplicada por el padrón electoral vigente, al 48.75% (una reducción de un cuarto), era evidente que se obligaría a los partidos sin acceso al erario a financiarse por vías extralegales o perecer de inanición. Sólo los partidos en los gobiernos podrían financiarse mediante desvíos o moches, o incluso exprimiendo a sus militantes en cargos públicos.
Por supuesto estas dos no fueron las únicas razones para el rechazo generalizado de las oposiciones en la Cámara de Diputados. Fueron muchas, pero aquí resalto una: la intención de reducir el tiempo dedicado a la propaganda electoral en los medios de comunicación masiva (Radio y TV) de 48 minutos diarios, a 35. Una reducción de un cuarto. De por sí se han ido reduciendo los tiempos oficiales que los concesionarios deben ceder a la publicidad del Estado (https://t.ly/jr3Ay), con esta medida se podría fomentar que los partidos y candidatos acentúen la espotización y la chabacanería en su propaganda electoral. En realidad, se requiere lo contrario: ampliar los tiempos para fomentar la difusión de debates, entrevistas a profundidad, confrontación de ideas, etcétera.
Esperaremos ahora al anunciado Plan “B” de la presidenta. No soy optimista: puede ser aún más dañino que la reforma abortada, pero ahora por caminos de terracería.
