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Domingo , 24.03.2019 / 16:06 Hoy

Sociedad y derechos humanos

Clandestinidad o ineptitud, caso Tetelcingo

Julián Germán Molina Carrillo

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Ahora resulta que las autoridades aprenden las prácticas del narco, pero en su caso, éstas son prácticas comunes que realizan todas las Fiscalías de los estados, cavar fosas clandestinas, según las autoridades de Morelos, es una actividad común.

El panteón de “Las Cruces”, como se conoce el lugar en donde la Fiscalía de Morelos depositó 150 cuerpos durante el año 2014, es un predio particular, en el que desde hace al menos un lustro se excavan tumbas sin ningún tipo de control o permiso legal. Las familias de personas fallecidas compran un fragmento del terreno al dueño, “un campesino del pueblo”, y ahí entierran a su ser querido

Las inhumaciones aquí son cosa entre particulares, sin que medie ninguna formalización legal, razón por la cual, las familias de personas desaparecidas de Morelos consideran la de la Fiscalía como una “fosa clandestina”.

Pues bien, en ese lugar, la Fiscalía de Morelos decidió depositar los cuerpos que según ellos, todos están plenamente identificados; sin embargo, al momento de la exhumación de los cadáveres saltaron a la vista anomalías aberrantes en las que incurrieron las autoridades morelenses, tales como “no haber integrado correctamente las carpetas de investigación (relacionadas con cada cadáver), falsificando documentos, como actas de defunción, y trayéndolos a un panteón que no cumplía con los requisitos correspondientes, en una fosa irregular, donde los tiraron como si fueran basura”.

Este panteón fue regularizado apenas en enero de 2016, pero las autoridades estatales no han explicado hasta la fecha por qué en 2014 comenzaron a usar este sitio para depositar cadáveres, siendo que para ese año este predio era un panteón completamente ilegal.

Y seguirían realizando su práctica común de depositar cuerpos en estas fosas si no es por el lamentable caso de Oliver Wenceslao Navarrete Hernández, quien era comerciante y habitante del municipio de Cuautla, Morelos, quien fue privado de su libertad por un grupo de siete hombres armados el 24 de mayo de 2014.

Días más tarde su cadáver fue encontrado en una barranca de la región, de donde fue sacado y llevado a las instalaciones del Servicio Médico Forense del estado. A pesar de haber sido reconocido por su madre, el cuerpo fue sepultado en una fosa común, con el resto de los cadáveres que ahora son exhumados.

Sin embargo, la madre de Oliver busco por todos los medios recuperar el cadáver de su hijo, a pesar de que el gobierno “se negaba” a abrir las fosas, “tuvo que venir una orden judicial para obligar a la Fiscalía a abrirlas y exhumar el cadáver.

Tras recuperar el cuerpo de su hijo en diciembre de 2014, María Concepción y su hermana Amalia iniciaron una batalla legal y civil para lograr que las fosas fueran reabiertas y se identificara a los demás cadáveres. Lucha a la que se sumaron personajes como Javier Sicilia, fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, y padres de familia que al enterarse de la existencia de ésas fosas clandestinas tienen la esperanza de encontrar a sus hijos desaparecidos.

Fue así como tras la presión mediática y una orden de carácter judicial, las autoridades morelenses tuvieron que acceder a abrir esas fosas y sacar los cuerpos que según ellos son de personas que estaban en el Servicio Médico Forense, en el 2010, 2011 y 2012, que por cuestiones de salud y porque no los reclamaron sus familiares tuvieron que depositarlos en ese lugar.

Toda esta serie de actos y declaraciones aberrantes y absurdas por parte de las autoridades, lo único que hacen es volver a poner énfasis en esta larga sospecha que tenemos muchos de que el Estado está coludido con el crimen organizado o que es de una ineficiencia inaudita el actuar de nuestros gobernantes, juzgue usted.

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