A Ángel Verdugo
El 20 de febrero de cada año la Auditoría Superior de la Federación –ASF– debe entregar a la Cámara de Diputados el Informe General del Resultado de Fiscalización de la Cuenta Pública, e informes individuales. Son públicos (Art. 79 constitucional). Así lo hizo por el ejercicio 2019, primer año del presidente López. De lectura preliminar, en ese año hubo más irregularidades que en años anteriores de Peña. El presidente descalificó al Auditor por discrepar sobre un cálculo: el del costo de cancelar aeropuerto de Texcoco. Él dice solo tiró a la basura $110 mil millones, no $320 mil millones que dice el informe. El monto que sea es harto, y hoy es deuda pública a pagar todos. El Auditor estuvo presionado antes: practicó una tercera parte menos de auditorías que a la del 2018. Sus informes están disponibles en el portal ASFDATOS.GOB.MX. ¡Leámoslos como ciudadanos vigilantes! “Sirven para corregir políticas públicas, realizar investigaciones, recuperar recursos desviados”; y a nosotros, para conocer qué hicieron con nuestros impuestos, y botar corruptos.
De la Secretaría de la Función Pública –supuesta instancia anticorrupción- la ASF acusa: “mostró resistencias al proceso de fiscalización, al no permitir el acceso al equipo auditor a sus instalaciones y archivos, y… se negaron a comparecer ante la ASF”. De “Servidores de la Nación” señala graves deficiencias en el “censo”, diseño y operación de programas sociales, por más de $3 mil millones extraviados en irregularidades: como el desarrollo de sistemas para integrar el padrón único de Bienestar (PUB); nómina de más de 18 mil “servidores” irregulares. Hay municipios con más personas “censadas” que habitantes. Fonatur exageró cifras para aparentar rentable el tren Maya. La construcción de la refinería de Dos Bocas no la hace filial de Pemex, sino empresa MGI Asistencia Integral, que ofrece servicios de outsourcing, una “tercerización de servicios” del proyecto por $180 mil millones. Adquisiciones para esa refinería son opacas-como el 80% gubernamental-. Ejecutan obras con empresas constituidas en el extranjero para no ser auditables. Y hay más.
Transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, son tres estrategias de gobiernos democráticos eficaces; y sobre todo, derechos humanos de ciudadanos ante los poderes públicos, para asegurarse el mayor bien común posible –o para evitar dolor evitable al pueblo-. Entre instituciones clave para estos fines están las de fiscalización: la Auditoría Superior de la Federación –y la de los estados-: un órgano TÉCNICO diseñado para que los diputados cuenten con insumos indispensables con qué cumplir su función esencial de contrapeso: revisar las cuentas públicas que los gobiernos deben rendir. Por la fiscalización se revisa qué se hace y con cuanto, y se constata silo que se hace cumple, o no, con los objetivos para los cuales se autorizaron esos recursos públicos. Este órgano constitucional, con autonomía TÉCNICA y de gestión, es condición fundamental para el predominio de la Cámara de diputados–legislativo-sobre otros poderes, al aprobar: (i) en qué gastar los impuestos, y (ii)las cuentas rendidas fiscalizadas. Ello exige TÉCNICA.
Con Fauzi Hamdam presentamos en Cámara de Diputados, en 1999, con éxito, una iniciativa de reforma al Artículo 79 Constitucional, que como subcoordinador jurídico de diputados del PAN, en etapa final, negocié con el subsecretario Jorge Alcocer Villanueva, en Bucareli: Se adicionó nueva “Sección V, De la Fiscalización Superior de la Federación”, al Capítulo del Legislativo. Empoderamos a la Auditoría Superior. Poder redimensionado en 2015, con el Sistema Nacional Anticorrupción, ninguneado por el presidente, quien actúa faccioso y a capricho. Pide remover al ADF. Hay procedimientos y tiempos para que gobiernos solventen observaciones de la ASF. Defendamos a la ASF frente a funcionarios opacos, corruptos, e indispuestos a les revisen sus “otros datos”. Exijamos nuestros derechos, y evitemos más dolor.
