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Viernes , 22.02.2019 / 09:34 Hoy

De paso

La militarización del Estado

José Luis Reyna

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México y otros países alrededor del mundo tienen los ojos puestos en la barbarie que nos rodea. Sobra enumerar los casos que flagelan a la sociedad en su conjunto. Sobresale, sin embargo, la crisis que ha traído consigo la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Guerrero. El problema de violencia que azota al país es enorme. El otrora poderoso Estado mexicano ha sido incapaz, hasta ahora, de encontrar a los normalistas desaparecidos ni a la pareja municipal que convirtió a Iguala en una guarida de pillos cuya consecuencia es una crisis nacional. Se ha identificado a los autores intelectuales y materiales de la desaparición de los normalistas, pero eso no resuelve el problema. Por ello, el Estado ha encontrado, por el momento, la alternativa de militarizarlo.

La intervención de la fuerza pública va al alza: 12 en Guerrero (incluyendo Taxco) y uno en el Estado de México (Ixtapan de la Sal), entre otros. Tres mil doscientos policías militares reforzarán la seguridad de San Luis Potosí, Nuevo León y Tamaulipas (MILENIO Diario, 24/X/14). Si México fuera un continente, los aseguramientos municipales y estatales por las fuerzas armadas de la Federación permitirían afirmar que en las últimas semanas ha tenido lugar un buen número de golpes de Estado; como solía acontecer en el siglo XX latinoamericano. Se suprime la autoridad constituida y se reemplaza por la fuerza pública del Estado. Una militarización que, en teoría, puede amortiguar los estragos que ha generado la delincuencia en las estructuras institucionales, pero que no implica necesariamente la solución del problema: extirpar el tumor provocado por la colusión entre la autoridad y la delincuencia. El mal, en los últimos años, avanzó con rapidez inusitada. Rebasó al Estado y dejó a sus instituciones básicas en calidad de damnificadas, sobre todo las que procuran justicia y las que pretenden garantizar la seguridad pública. Un comisionado federal en Michoacán es el golpe más fuerte a los podridos poderes constituidos de esa entidad: éstos, en muchos lugares, son una caricatura.

No es fortuita la iniciativa del presidente del PAN, Ricardo Anaya, para instaurar un sistema contra la corrupción. Ese es el meollo de todos los problemas que hoy en día padecemos como país y que hace inviable muchas de las iniciativas innovadoras que se lanzaron y se aprobaron en los últimos 20 meses. Las reformas que con éxito fueron aprobadas gracias a un acuerdo político para que se pusieran en marcha están en entredicho.

México ante un dilema. En la misma medida que pudo avanzar en términos de cambiar la estructura y fisonomía del país, al mismo tiempo la corrupción y la impunidad han puesto en duda lo logrado. La administración presidencial de Peña Nieto tendrá que caminar cuesta arriba. Iguala detonó una bomba de tiempo puesta mucho tiempo atrás, no para explotar solo en ese municipio, sino en el país entero.

Los artículos del prestigiado semanario británico The Economist nos permiten entender el cambio tan significativo que ocurrió en tan poco tiempo: del aplauso a las iniciativas reformistas que cambiarían la fisonomía del país a una situación que se distingue por tener un precario estado de derecho. En poco tiempo la opinión británica cambió su perspectiva sobre México. La ausencia de leyes tiene como resultado un sistema político tambaleante, que ha sido penetrado por actores situados al margen de la ley y ocupando los espacios legítimos de poder en una magnitud que, por ahora, es difícil de estimar.

No hay sexenio presidencial sin su crisis correspondiente. Sin embargo, la diferencia con otras administraciones presidenciales previas, la debacle que hoy en día padecemos llegó muy temprano. Sirva de ejemplo el 68 y Díaz Ordaz. El movimiento estudiantil que acorraló al Estado tuvo lugar en las postrimerías de ese sexenio y se resolvió por la represión desmedida. La que padecemos ahora ocurre en el primer tercio del sexenio de Peña Nieto y eso hará que los dos tercios restantes se conviertan en un problema de gobernabilidad: todo cuesta arriba. La crisis tiene que resolverse. Pocas alternativas se visualizan para resolverla. Ese es el dilema mexicano de hoy. El camino más corto es el autoritarismo y la militarización del Estado: solución indeseable. Lo que México no padeció en el siglo XX latinoamericano le toca sufrirlo ahora, en pleno siglo XXI: la militarización como una solución temporal para recuperar el orden.

jreyna@colmex.mx

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