Una vez más llegamos al 26 de septiembre sin saber dónde están.
Es increíble. Cuarenta y tres seres humanos arrancados de la noche en plena ciudad por un inmenso operativo de policías, militares y sicarios del narcotráfico, y doce años después siguen sin dar con su paradero.
Es indignante. Y es una muestra del poder del Estado, no de su debilidad. Porque una vez más llegamos al 26 de septiembre y del gobierno sólo estamos esperando un informe. Y, por todo que ha venido antes, no pinta bien.
Desde los primeros días después de la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa durante la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, el gobierno mexicano ha buscado una historia convincente, una narrativa limpia y coherente, pero no a los estudiantes. Nunca les ha importado el destino de ellos, ni sus vidas ni las vidas de sus familias.
Esa noche, mientras los diferentes hombres armados, muchos con uniforme, otros no, atacaban a los estudiantes —y de paso al equipo de futbol Los Avispones, así como a personas que simplemente transitaban por las calles— el gran cronista guerrerense Sergio Ocampo recibió la noticia de una terrible balacera en Iguala.
Llamó al entonces presidente municipal, José Luis Abarca. Le preguntó qué estaba pasando. No está pasando nada, le respondió Abarca, Iguala está en paz. Afortunadamente, Ocampo no le creyó y organizó una caravana de periodistas que viajó de Chilpancingo a Iguala, arriesgando sus vidas, pudieron documentar las primeras secuelas de los ataques: un retén militar en la entrada, autobuses baleados, dos cuerpos tirados en la calle, casquillos y charcos de sangre.
Desde ahí la reacción del Estado no ha cambiado en esencia: mentir y negar. El gobierno de Enrique Peña Nieto puso todo su empeño en la fabricación de “la verdad histórica”, un relato de ficción horrífica que elaboraron con la tortura sistemática de los detenidos, falsificación de documentos, siembra de evidencias falsas, amenazas a testigos y el ocultamiento de pruebas inconvenientes a su relato. Para ocultar un crimen de Estado, el gobierno cometió otro.
Luego, Andrés Manuel López Obrador hizo una promesa de campaña con tres componentes: encontrar a los jóvenes, encontrar la verdad y castigar a los responsables. No cumplió con ninguno. Pero al inicio de su administración pareciera que fuera posible que cumpliera. Creó una Comisión para la Verdad (que más que comisión para la verdad, fue una comisión presidencial), volvió a invitar a los expertos internacionales e independientes, y creó la unidad especial para la investigación del caso.
Lentamente la investigación avanzaba. Entre muchas otras cosas, la comisión presidencial logró testimonios clave. El fiscal especial logró tomar los testimonios de los sobrevivientes (ignorados por el anterior gobierno), documentar la tortura de los detenidos y trajo oficialmente, según todos los protocolos de la ley, pruebas de Estados Unidos que mostraban la colusión entre el grupo de narcotráfico de Iguala y el batallón local del Ejército.
El grupo de expertos logró encontrar documentación del Ejército que mostraba cómo esa institución observó y documentó todo lo que sucedía con los estudiantes antes y durante los ataques, información que fue negada y nunca ha sido entregada en su totalidad.
La investigación parecía avanzar. Pero entonces la comisión presidencial sacó un informe en vísperas del octavo aniversario de la desaparición de los estudiantes. La comisión trabajó el informe a espaldas de las familias, del fiscal especial y de los expertos internacionales. Y con razón: el informe se sustentó en capturas de pantalla falsificadas. Otra vez el gobierno contó una historia falsa y obligó a las familias a escuchar un cuento de horror inventado. Esa fue, podríamos decir, la verdad histérica de López Obrador.
Los expertos se fueron del país en protesta, primero dos, luego los otros dos. El fiscal general mandó ocupar la oficina de la unidad especial para checar qué tenían sobre los militares. Apresuraron una orden de captura contra el exprocurador y cancelaron órdenes de aprehensión contra militares y oficiales de Guerrero.
El fiscal especial renunció y se fue al exilio. Los jóvenes abogados mexicanos que formaron su equipo en la unidad de investigación, jóvenes mexicanos que creyeron en la promesa del presidente, que creyeron en la promesa de que en México sí se podría investigar un crimen de Estado y hacerlo bien, o renunciaron o fueron despedidos.
La investigación fue destruida. El presidente atacó a los expertos, al exfiscal, a los abogados de las familias y dijo que se iba a encargar personalmente de la investigación. Nombró un amigo tabasqueño como fiscal especial, un amigo que se dedicó a recibir clases de baile en la oficina. La unidad ya no hizo nada.
Mientras tanto, las familias seguían buscando, seguían sufriendo, seguían luchando. Y también es devastador decirlo: se morían. De cáncer, de diabetes, de dolor. Y los que quedaban exigían los documentos militares, exigían una investigación seria. Exigían encontrar a sus hijos.
Y ahora, doce años después, estamos esperando otro informe como quien ve y espera un golpe unos microsegundos antes de que le rompa la cara. A este gobierno, como a los anteriores, le gustan los aniversarios.
El actual gobierno habla de sus métodos científicos mientras nos cuenta de una supuesta bolsa de restos humanos curiosamente etiquetada “2014” y hallada en una funeraria privada más de una década después de uno de los mayores crímenes de lesa humanidad de los últimos tiempos. Realmente nos creen tontos.
Ahora, presiento, nos viene con otra historia, con otra narrativa fabricada. ¿Cómo será esta vez? ¿Hecha con tortura? ¿Con documentos falsificados? ¿Con pantallazos falsos? ¿Con testigos comprados? ¿Con ChatGPT o con Claude?
Ojalá me equivoque. Y ojalá el gobierno dejara la guerra de narrativas, dejara de encubrir a los militares o a quien sea y se dedicara a buscar a los estudiantes y a los responsables.
Ojalá no lleguemos a otro aniversario como estamos hoy. Es el colmo.
