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Viernes , 22.03.2019 / 13:14 Hoy

Columna de Javier Hurtado

Alí Babá y el Ipejal

Javier Hurtado

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Hace 54 años, cuando se creó la Dirección de Pensiones del Estado, la institución era ejemplo a nivel nacional de política de seguridad social para los trabajadores al servicio de los gobiernos de los estados y sus municipios. Hoy, El Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal) es modelo de irresponsabilidad, impunidad y corrupción.

Ahora -junto a las ya consabidas fechorías de compra a sobreprecio de terrenos en las playas de Chalacatepec y en el cerro del Tepopote, así como del escándalo de la adquisición y desabasto de medicamentos a sobreprecio- trascendió que una “inversión” de 603 millones de pesos en bonos de deuda de una empresa española se transformaron en ¡tres pesos con 98 centavos!, en un malabarismo que el mismo David Coperffield envidiaría. ¿Y los responsables?: bien, gracias.

Quién iba a imaginar que el organismo concebido por Agustín Yáñez e institucionalizado por Francisco Medina Ascencio, terminaría convirtiéndose en el más grande monumento y sistema de corrupción en el estado de Jalisco.

No solo han sido las estúpidas (por decir lo menos) “inversiones” y “compras” realizadas por los últimos directivos de esa institución, sino la contumaz práctica de utilizar en beneficio personal los ahorros de los burócratas de Jalisco; y lo que es peor: entregarlo en la administración pasada a un conocido depredador y cleptócrata, al tiempo que se le asignó como coto de poder a un célebre grupo político de Tlaquepaque de infausta memoria, y cuyos nombres no son dignos ni de recordarse. Mayor desprecio y falta de respeto por los trabajadores públicos y sus ahorros no puede existir.

Empero, el saqueo a los ahorros de los trabajadores no ha sido solo por esas sesudas transacciones financieras, sino que también por la pertinaz práctica de otorgar préstamos a corto y mediano plazo rebasando los montos máximos permitidos, así como por el reiterado expediente de otorgar mega pensiones a funcionarios que cotizan 30 años con una clase de secundaria y se jubilan con sueldo de regidor, diputado, magistrado o secretario del gabinete estatal, por haber cotizado con ese sueldo el último, o los tres últimos años. Esto, que si bien es legal, a todas luces es inmoral. Y, si no se modifica es porque representa el culmen de la complicidad en la corrupción imperante. Se calcula que 57 ex funcionarios tienen una pensión de más de 100 mil pesos (más lo que cobran o ganan en otros lados) y 46 más tienen una de más de los 108 mil pesos mensuales que gana el Presidente López Obrador.

Así el Ipejal tiene dos caras: con los funcionarios todas las canonjías y facilidades, y con los trabajadores que obtienen un préstamo hipotecario les cobran intereses leoninos, y a los que se separan del organismo les confiscan sus ahorros para pagar sus adeudos sin devolverles los intereses no devengados que se cobraron por adelantado.

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