Las sanciones contra los traficantes de personas llegan años después de las violaciones a los derechos humanos y están lejos de ser acciones para evitar agresiones contra las personas que están buscando mejores condiciones de vida.
En enero de 2024, tras denuncias de vecinos, se descubrió el caso de 19 personas migrantes que estaban privadas de su libertad, entre ellas un niño y una niña, en un domicilio ubicado en la colonia Loma Encantada, en la capital poblana.
Los migrantes eran vigilados por integrantes de un grupo delictivo dedicado al tráfico de personas. Pablo Sebastián “N” y Lilia “N” fueron detenidos durante el operativo realizado hace tres años.
El pasado 5 de agosto, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que las dos personas detenidas fueron sentenciados a 12 años de prisión por su responsabilidad penal en el delito de tráfico de migrantes agravado.
El Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos, fue el encargado de presentar elementos de prueba con el objetivo de acreditar la participación de las dos personas como integrantes de la red dedicada al tráfico de personas.
De alguna forma, la sentencia busca la reparación del daño; sin embargo, en la realidad, no se trata de sanciones que puedan detener las acciones contra el tráfico de seres humanos en territorio mexicano.
La pena de 12 años aplica para las dos personas detenidas. Faltan acciones contra el total de integrantes del grupo delictivo que obtiene ganancia a partir del paso de migrantes. En el tráfico de personas opera una red que actúa de diferentes formas y que comete diferentes violaciones en contra de quienes están en busca de mejores condiciones de vida.
A la par, los 19 migrantes, en su mayoría de países centroamericanos, fueron llevados ante el Instituto Nacional de Migración (INM) y no pudieron continuar con su sueño de llegar a la frontera norte en busca de puestos de trabajo. Al final, los migrantes fueron enviados a sus países de origen.
¿Llegó la justicia para los migrantes? La realidad es que faltan medidas para garantizar el respeto a los derechos de los seres humanos que buscan mejorar sus condiciones de vida.
