A un par de meses de llegar a la mitad de su gestión, el gobierno de Jorge Aristóteles Sandoval sigue sin cumplir una de sus principales apuestas en materia ambiental: el replanteamiento del programa de verificación vehicular, que siempre ha fracasado en Jalisco por los altos niveles de corrupción en su aplicación.
El propósito inicial era relanzar este programa, clave para combatir la alta contaminación del aire en el Área Metropolitana, el primer semestre de 2014, luego se pasó para el segundo semestre del año pasado, lo que tampoco se logró. Ayer en MILENIO RADIO, la titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Magdalena Ruíz, señaló que será este mes cuando envíe la iniciativa al Congreso para echar a andar el nuevo modelo que será a base de verificentros, determinación a la que llegaron luego de contratar la asesoría del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP).
El anuncio despertó de inmediato nuevamente la oposición de la Asociación de Talleres Acreditados de Jalisco, al igual que en agosto pasado cuando MILENIO JALISCO reveló el contenido de borradores de la licitación en los que uno de los requisitos para participar sería tener al menos dos años de operación de un centro de verificación vehicular “con prueba dinámica” y acreditarlo “mediante título de concesión otorgado en cualquier parte de la República Mexicana”.
Esta cláusula, aseguran los dueños de los talleres, los sacaría de la competencia pese a ser los sobrevivientes a la minuciosa revisión que hizo la actual administración de los casos de corrupción que prevalecían y por lo que dieron de baja a casi la mitad de los talleres autorizados en el pasado sexenio. Consideran también que violaría sus derechos al dejar sin efecto las concesiones que les dio el gobierno anterior hasta el 2018 y 2019.
Aunque en la Semadet aseguran que habrá piso parejo para todos en las licitaciones y no les exigirán el manejo previo de un verificentro, las desconfianzas han crecido porque nadie conoce hasta ahora los términos de la convocatoria para todos aquellos interesados en ganar la concesión de este servicio que representa un negocio de 600 millones de pesos anuales. Esa discrecionalidad, ha provocado también que aumenten las sospechas de que el concurso estaría hecho a modo para ciertas empresas. En especial a una firma ligada a Jorge Kahwagi, uno de los líderes del Partido Verde.
Clave pues para que este programa, indispensable para mejorar la calidad del aire que respiramos y que en estos momentos está entre los peores del continente, no se atore en litigios y tarde aún más su arranque, será transparentar los términos de la convocatoria y que las reglas no lleven dedicatoria, y en eso los diputados también podrían ayudar. Veremos.
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