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Jueves , 21.03.2019 / 10:19 Hoy

Radar

Espionaje oficial inaceptable

Jaime Barrera Rodríguez

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El 15 de mayo pasado que mataron a Javier Valdez Cárdenas, uno de los periodistas más destacados y respetados de México, el sexto colega asesinado en lo que iba del año, el presidente Enrique Peña Nieto prometió que el caso no quedaría impune y que el gobierno fortalecería los programas de protección a periodistas y activistas defensores de los derechos humanos para garantizar la libertad de expresión. La semana pasada, en una reunión con dueños de medios de comunicación y periodistas, reiteró ese compromiso para garantizar “el ejercicio libre” del periodismo.

Pues, bien, esas promesas quedaron en entredicho luego de la denuncia que hicieron ayer periodistas, activistas y defensores de derechos humanos del espionaje del que han sido objeto y del que culpan al gobierno mexicano. Juan Pardinas, director del Instituto Mexicano para la Competitividad, uno de los espiados cuando impulsaba la Ley 3de3 y el Sistema Nacional Anticorrupción, había ya denunciado estas acciones en mayo pasado, cuando abandonaron, junto con 9 organizaciones de la sociedad civil más de la Alianza por el Gobierno Abierto, en protesta porque el gobierno federal no respondió en 100 días a sus denuncias de ser espiados.

Este hecho tomó relevancia internacional ayer que el diario The New York Times publicó un estudio de Citizen Lab, de la Universidad de Toronto, expertos en nuevas tecnologías y seguridad digital, en el que se expone que entre el 2015 y el 2016, hubo 76 intentos de espiar a destacados periodistas mexicanos y activistas relacionados con temas anticorrupción y desapariciones como la de los estudiantes de Ayotzinapa. Estas acciones se habrían hecho con el programa Pegasus, adquirido por la PGR, el Cisen, y la Sedena, a la empresa israelí NSO Group, que sólo vende a gobiernos con la condición de sólo usar el sistema para combatir a criminales y terroristas. Estas dependencias tuvieron que invertir más de 80 millones de dólares.

El gobierno mexicano está obligado a iniciar una investigación para identificar quién desde dentro de estas instituciones husmea ilegalmente los correos, los mensajes y convierte los teléfonos celulares de estos líderes incómodos al régimen en micrófonos y cámaras ocultas para espiar cada uno de sus movimientos.

Este ataque a la privacidad tiene claros propósitos intimidatorios para tratar de inhibir las denuncias periodísticas, o la acción de activistas que incomoda a ciertos grupos de la clase política y gubernamental. Es también una acción para ahuyentar y silenciar a quienes dan la información a los periodistas o los que interactúan con los protectores de los derechos humanos, para entorpecer así su trabajo. Este espionaje oficial es inaceptable y no puede quedar impune. El Congreso deberá hacer su parte, llamando incluso a la empresa proveedora para revisar el uso que en la PGR, el Cisen y la Sedena le dan a este software que se paga con los impuestos de todos.

jaime.barrera@milenio.com

twitter: @jbarrera4

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