Al menos habrá que aprovechar esta intentona del Tribunal Administrativo del Estado de prolongar la impunidad en el Congreso, para recordar a detalle lo que muy probablemente es el más grande atraco en la historia del Poder Legislativo en Jalisco.
El origen de este cargo por 280 millones de pesos en contra de los diputados de la Legislatura LVIII por el desaseo con el que manejaron el dinero del Congreso en el 2009, fue aquella famosa auditoría externa conocida como Rusell-Bedford, por el despacho al que contrató la entonces mayoría priista de la recién iniciada Legislatura LIX, para revisar los muy evidentes y documentados escándalos que heredaban de un Congreso dominado por los panistas.
Esa revisión de los gastos de la Legislatura LVIII completa revelaron desvíos por alrededor de 600 millones de pesos, y las irregularidades detectadas en el ejercicio de 2009 eran mucho mayores a los 280 millones de pesos que les documentó el desde entonces titular de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), Alonso Godoy Pelayo, a los ex diputados que siempre lo protegieron y a los que les recibió pagos extras a su sueldo por casi 7 millones de pesos.
En 2012, días después de que llegó el dictamen con ese cargo, de la ya muy cuestionada ASEJ, al Congreso en la entonces Legislatura LIX, escribí en este mismo espacio:
“A un año de que terminen su gestión, los actuales diputados tienen nuevamente la oportunidad de salvar en algo su desgastada imagen (…) lo que pesa más en el prestigio de los integrantes de la actual Legislatura (que lideran el priista Roberto Marrufo, el panista Miguel Ángel Monraz (e inicialmente Abraham González y José María Martínez, hoy candidato a diputado uno y a senador el otro), el perredista Raúl Vargas (hoy candidato a diputado federal) y el diputado del Partido Verde, Enrique Aubry (también ya candidato a diputado federal)… es la posición de complicidad que inicialmente asumieron contra las irregularidades probadas de sus antecesores de la Legislatura LVIII (que dirigían Jorge Salinas Osornio, de la entonces fracción mayoritaria del PAN –hoy candidato a diputado federal impugnado por sus propios compañeros panistas-; Juan Carlos Castellanos, del PRI; Samuel Romero Valle, del PRD; Óscar Díaz Medina, del PANAL; Alfredo Zárate Mendoza, del PT; y Luis Manuel Vélez Fregoso, del PVEM. Cuando el presidente de la Comisión de Administración, era el priista Jorge Arana -hoy candidato del PRI a munícipe de Tonalá-, y el entonces Secretario General, el panista Alfredo Argüelles- hoy candidato a diputado plurinominal del PAN), y ante la actuación cómplice del titular de la ASEJ. La presión social que lo escandaloso de toda esta trama corrupta generó, impidió que los actuales diputados y diputadas pudieran darle carpetazo al asunto, como les instruían sus dirigencias partidistas y los poderes fácticos a cuyos intereses protegen y responden”.
Mañana el final de este episodio de impunidad del que también son actores ya los diputados de la LX Legislatura que está por irse.
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