Política

San Miguel: una licitación, ocho inhibidores, protestas…

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El martes 4 de noviembre, el gobierno del estado publicó las bases de la licitación para la adquisición e instalación de ocho inhibidores de señal de celulares y una plataforma de gestión en el Centro Estatal de Reinserción Social de Puebla, conocido popularmente como Cereso de San Miguel.

No es nuevo que la situación en el penal es crítica: da cuenta de ello el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2025, elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

El diagnóstico de la CNDH documentó que en ese penal hay deficiencias en la atención a personas privadas de la libertad en condiciones de aislamiento, en los servicios de salud, en la separación entre hombres y mujeres; falta de prevención de violaciones a derechos humanos; insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos.

Además, carencias en la alimentación, en las condiciones materiales e higiene de instalaciones; inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área médica. También deficiencias en el procedimiento para imponer sanciones disciplinarias; falta de reglamentos, manuales, lineamientos y disposiciones aplicables; insuficiencia de personal de seguridad y custodia; actividades ilícitas; y una inadecuada integración del expediente técnico-jurídico.

En fin, algo cercano al caos.

Pero volvamos a los inhibidores de señal de celulares: el penal tiene estos equipos controlados por la Jefatura de Seguridad y Custodia, que forma parte de la estructura operativa de la Subsecretaría de Centros Penitenciarios, pero, al parecer, son insuficientes. Fuentes consultadas para esta columna afirman que se da acceso a llamadas de celulares en horas determinadas y lugares específicos.

Una vez que el 26 de noviembre se dé a conocer el fallo de la licitación GEP-SPFA-LPN-308-736/2026, se sumarán otros ocho inhibidores. Sin embargo, hay un dato que no se debe ignorar: el 10 de noviembre, seis días después de que publicara la convocatoria para la licitación, familias de personas privadas de la libertad bloquearon varios puntos de la ciudad de Puebla y de la zona metropolitana.

Las familias exigen la destitución de Jorge Ortiz Delgadillo, director del centro penitenciario, a quien responsabilizan de casos de extorsión, cobro de piso y agresiones contra los internos.

El caso escaló hasta la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien dijo que San Miguel “es un penal bajo la administración del gobierno del estado de Puebla, y está en contacto el Gabinete de Seguridad, para poder, si requiere, apoyar en lo que se requiera, (pero) tiene que ser a solicitud del gobierno del estado de Puebla”.

¿No será, en el fondo, una disputa por el control de los inhibidores de señal de celulares?

Al margen

A través de su vocero, el capitán Marcos, el EZLN informó sedes, fechas y contactos directos en los que delegaciones zapatistas recibirán y escucharán a familiares de desaparecidos, ya sea de forma individual o colectiva, entre diciembre de 2026 y enero de 2027.

En Puebla, la fecha elegida es el 18 de diciembre: las jornadas las llevará a cabo el Equipo Abrazo Zapatista Puebla, integrado por el colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla, Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de los Volcanes, Nodo de Derechos Humanos (NODHO) y Fanzinoteka Guerra Idealista. El contacto, señala el comunicado, se realiza a través de abrazozapatistapuebla@riseup.net o el número 55 4539 4290.


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Israel Velázquez G.
  • Israel Velázquez G.
  • israelvelazquez@gmail.com
  • Periodista con estudios en Lengua y Literatura Hispánicas por la UNAM. Diplomado en periodismo de investigación por el CIDE, cursó el MasterLAB en edición de investigaciones periodísticas de Quinto Elemento Lab y la Cátedra Connectas Martin Baron, programa intensivo de formación de editores. Ha dirigido medios de Puebla y Guanajuato, y escrito para medios nacionales.
Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta página, mismo que es propiedad de MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.; su reproducción no autorizada constituye una infracción y un delito de conformidad con las leyes aplicables.
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