Entró en funciones el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), quien desplaza al Seguro Popular, órgano que atendía a la población en cuestiones de salud pública gratuitamente.
Como un mal de la política en general, al querer dejar su nombre y/o huella en el tiempo que administran los recursos públicos, el gobierno elimina una institución con 16 años de funcionamiento argumentando que hay corrupción en su manejo: decide quitarlo y pone en su lugar otra dependencia que se dedicará a lo mismo.
La crítica es por la desatención y el cobro que los medios de comunicación reportan del Insabi en la prestación de este servicio y precisamente, a la gente que menos tiene.Este desbarajuste trae como consecuencia que esa clientela no pueda satisfacer su necesidad (siendo la salud una de las básicas para el ser humano) que la otra dependencia sí atendía.
Algunos Estados, no están muy claros ni cómo funciona el Insabi, ni su financiamiento, por lo que de manera soberana, deciden no firmar el acuerdo para que trabaje en sus entidadesesa nueva dependencia. Lamentablemente y como toda mala decisión de una empresa, el servicio deja de ser de calidad (o medianamente aceptable como son algunos servicios proporcionados por el Estado).
¿Qué vemos con todo esto, los ciudadanos?: la desorganización, la mala comunicación, la pésima calidad en el servicio, la frialdad y desinterés de autoridades por ayudar a quien realmente menos tiene.
¿Cuál es la solución?, reacomodar las cosas y hacer funcionar ésa nueva dependencia, informando en tiempo y forma a los usuarios y sobre todo, al personal que presta dicho servicio,y hacer un llamado a la ética profesional de la gente que atenderá en el Insabi, para sensibilizar el trato a las personas que acudirán con ellos.
