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Sábado , 23.03.2019 / 15:51 Hoy

Ante el espejo

Candidatos independientes: gobierno dependiente

Hernán Mejía López

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En la conquista de los derechos políticos de candidatos independientes México sigue avanzado, primero la lucha por acceder a las candidaturas desde la Ley para la Elección de Poderes Federales del 2 de julio de 1918 que estableció la posibilidad de que los ciudadanos no dependientes de partidos políticos pudieran postularse a cargos de elección popular, actualmente garantizado en la reforma a la Constitución del 9 de agosto de 2012 que posibilitó el acceso al sistema de representación proporcional, tal como lo determinó la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a los recursos de reconsideración vinculados al expediente SUP-REC-0564-2015del 7 de octubre de 2015, que incluyó dentro del sistema de representación proporcional en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, a dos candidatos de la planilla de candidatos independientes que alcanzaron el segundo lugar en votación.

Si desde el punto de vista jurídico y político en la integración de los órganos colegiadosse buscó que la expresión del electorado en el voto se traduzca en cargos públicos y que todas las opciones políticas estén representadas según la fuerza política y el respaldo popular que tengan, es evidente que en el ejercicio del gobierno los integrantes independientes también deben tener garantizado velar por sus representados a partir de la ejecución de políticas públicas según las plataformas de gobierno registradas y avaladas por los órganos electorales.

De aquí en adelante la batalla centrará la discusión en foros abiertos y públicos del alcance y extensión del liderazgo proyectado hacia la conducción gubernativa que implica levantar un gobierno dependiente y efectivo de empoderamiento de la participación ciudadana y nueva gestión pública, como especie de oportunidad institucional para trabajar en beneficio de intereses y demandas individuales y no de grupos específicos.

Bajo este contexto, es válido sostener que la idea del reconocimiento de derechos humanos desde la Constitución y los tratados Internacionales suscritos por México, es orientadora de sus estándares y buenas prácticas, lo que significa aplicarlos de manera transversal a todos los demás derechos humanos, como aquellos que se deriven del ejercicio de los cargos públicos en los ejes de responsabilidad, transparencia y rendición de cuentas, dependientes de los compromisos asumidos, generando así una ruta de inclusión y competitividad.

Con la creación y reconocimiento de esta figura democrática, el nuevo manejo público de los gobiernos que se integrarán con funcionarios y servidores públicos emanados de partidos políticos y expresiones políticas independientes, requiere una reconfiguración pedagógica de la política para afianzar derechos y libertades de los representantes independientes, que se sujetarán a los mismos mecanismos de control, transparencia y rendición de cuentas.

Así, la nueva gestión pública para los independientes implicará mayor flexibilidad y autonomía para la acción administrativa con un condicionamiento inexcusable de responsabilidad porque esta no es ajena ni distinta a la de los partidos políticos, lo fundamental para estos actores será buscar un trabajo con acciones más cercanas a la sociedad, bajo la premisa forzosa de transparentar en todo momento su gestión.

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