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El memorando, la política y el derecho

Héctor Zamarrón

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El Presidente está obligado a cumplir la ley, se lo manda el artículo 78 constitucional:

“Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente… y si así no lo hiciere, que la Nación me lo demande”.

Que con su memorando sobre la reforma educativa el presidente Andrés Manuel López Obrador esté violando la ley, en cambio, no es tan claro a pesar de lo que digan la CNDH, la Barra Mexicana de Abogados y un ex ministro de la Corte.

Y no lo es porque un funcionario debe cumplir la ley, pero cómo la cumpla, en qué orden, hasta dónde y en qué condiciones es otro tema. En la vida real, como nos consta, el derecho es letra muerta si no existe decisión de la autoridad de aplicarlo.

¿Llama el memorando a incumplir la ley? No lo parece, pues solo pide dejar "sin efecto las medidas en que se haya traducido la aplicación de la llamada reforma educativa… poner en libertad a maestros y luchadores sociales… así como retirar las imputaciones legales formuladas por el gobierno federal para castigar activismos pacíficos", además de indemnizar a quienes perdieron la vida "por la política autoritaria que prevaleció en los gobiernos anteriores".

El polémico memorando es demasiado ambiguo para concluir que viola la Constitución, aunque no está exento de problemas, uno de ellos, la orden de liberación de presos.

Antes de la Fiscalía General de la República, un gobierno podía desistirse de ejercer acción penal, como lo hizo la PGR de Vicente Fox en el caso de El Encino, cuando el ahora Presidente fue desaforado y no acabó en la cárcel gracias a ese desistimiento.

¿Podrá hacerlo la Fiscalía sin renunciar a su autonomía? No se ve sencillo, aunque al Presidente le queda el camino del indulto y la amnistía, aplicable solo para aquellos que ya están sentenciados, los menos.

En cuanto a las indemnizaciones y dejar sin efecto otras medidas de la reforma educativa, al ser tan general la instrucción, los secretarios pueden llenarla de contenido sin afectar la Constitución.

Cuando los juristas insisten en llevar este conflicto al estricto cumplimiento de la ley, omiten que el derecho existe en condiciones específicas, no en el vacío.

Estamos ante un conflicto político que busca resolverse como un diferendo procedimental. El llamado, sin más, al respeto al estado de derecho y el cumplimiento de la ley ignorando el contexto sociopolítico suena más a la defensa de un statu quo, a ese vaciamiento de la política que el libre mercado ha predicado.

Ese libre mercado que exige respeto a la ley y advierte que incumplirla alejará las inversiones, tan solo para violarla cuando de pagar salarios justos y prestaciones laborales se trata.

La defensa de la Constitución a secas suena hueca cuando se calla su violación cotidiana, pues los derechos que ésta garantiza —educación, salud y salario justo— no se cumplen. No justifico, solo describo.

El simplismo en la interpretación de la vida política conduce a argumentos límite donde no caben ni el diálogo ni el acuerdo, evitémoslo.

hector.zamarron@milenio.com

@hzamarron

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