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Lunes , 18.02.2019 / 04:02 Hoy

Auditoría Ciudadana

‘Lavando’ dinero

Héctor A. Romero Fierro

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Parece que la estrategia recaudatoria de este sexenio girará en torno al lavado de dinero, por eso tanto protagonismo del encargado de la Unidad de Inteligencia Financiera UIF de la Secretaría de Hacienda, y ahora con la presentación de una iniciativa por parte de los Senadores de ese partido para reformar la “Ley Federal para la Prevención e Identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita”, mejor conocida como Ley Antilavado. Dicha ley se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 17 de octubre de 2012 y fue incorporada a nuestra legislación por recomendación del “Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI, y ahora se pretende incorporar una serie de recomendaciones de ese grupo.

No obstante lo anterior la carga administrativa y de riesgo para quienes realizan las llamadas actividades vulnerables se viene a incrementar, ya que pareciera que la reforma pretende que los particulares se conviertan, no solo en informantes, sino pareciera que seamos en forma gratuita policías o investigadores de delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, obligando a proporcionar información a las autoridades, y llegando al extremo de informar no solo operaciones que se hayan celebrado, sino también de aquellas que no se hayan concluido, pero que “existió intención de realizarlas” a juicio del propio informante, ya que este tendrá obligación de informar en un plazo de 24 horas, en caso de tener sospecha de contar con información basada en hechos o indicios, de que los recursos relacionados con los actos u operaciones “pudieran provenir o estar destinados” a la comisión de los Delitos (de lavado) incluso, insisto, aunque el acto u operación no se celebre. Aquí queda la pregunta para abogados y contadores, ¿dónde queda el secreto profesional? Pero además se deberán presentar avisos cuando detecten que los actos u operaciones realizados “no concuerden con el perfil transaccional del cliente o usuario”. Asimismo se adecúa la ley, ya que la misma refería sus umbrales en salarios mínimos debiendo ser ya en UMAS. En el caso de fedatarios se establece la obligación de dar avisos no solo cuando el fedatario dio fe de lo que ocurrió en una asamblea, sino también en los casos en que protocolice actas de asamblea o juntas de socios. Curioso que ahora se pretende que sea motivo de aviso, el otorgamiento de reconocimiento de adeudos. En el caso de los Corredores Públicos se insiste en un lamentable error, ya que, sin fundamento o razonamiento alguno, repite que los avalúos sobre bienes realizados por estos fedatarios públicos sean motivo de aviso, cuando un avalúo es simplemente una opinión profesional de valor, sin embargo no se incluyen nuevamente los avalúos realizados por otros profesionistas con cédula de valuadores, inclusive instituciones o unidades de valor que también realizan opiniones de valor. Alguien me podría explicar ¿cuál es el riesgo de utilización en el lavado de dinero con la emisión de una opinión del valor de un bien ya sea tangible o intangible? La autoridad lo resolvió diciendo que los únicos avalúos de los que se deberían dar aviso son aquellos que lleven fe Pública, situación imposible, ya que ninguno contendrá como tal cualquier actuación de la fe pública delegada por el estado. Habrá que estar al pendiente de dicha iniciativa.

En otro tema, nuestro Presidente insiste en amenazar a jueces y magistrados, por el hecho de que se les pudiera ocurrir emitir un fallo a favor de algún contribuyente que solicite, vía judicial una devolución de impuestos federales. Sus asesores tendrán que explicarle que en muchas ocasiones las empresas tienen saldos a favor por diferentes motivos y que es dinero de su propiedad, y que aunque acuden al SAT, este órgano fiscalizador, en muchas ocasiones, con excusas que llegan en algunos casos en rayar en lo entupido, niegan la devolución y entonces el contribuyente tiene que acudir a los Tribunales administrativos o constitucionales a pelear lo que es suyo, y el que el juzgador le dé la razón no es un acto de corrupción, es impartición de justicia y no un atentado a su proyecto de nación, incluso la propia Procuraduría de la Defensa del Contribuyente PRODECON, órgano público que realiza una excelente labor en defensa de los contribuyentes, interviene demandando al SAT para lograr devoluciones de impuestos, a los que tienen derecho a ello. Por cierto excelente labor de ese órgano destacando las delegaciones de Jalisco y Colima.

En Zapopan hay un Consejo Ciudadano de Control que emite recomendaciones a dicho municipio, pero ahora resulta ser ignorado al omitir tomar en cuenta, siquiera para analizarlas, sus recomendaciones tal y como ocurre al aprobar el Reglamento de Auditoría y Fiscalización y Combate a la Corrupción. Valdrá la pena el esfuerzo de profesionistas, ciudadanos, universidades y cámaras que lo conforman, para ser ignorados. Más cuando este Consejo tiene razón. Es pregunta.

hromero@correduria58.com

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