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Martes , 19.02.2019 / 05:50 Hoy

Doble mirada

Galimatías legislativo

Guillermo Valdés Castellanos

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Las democracias que merecen ese nombre están hechas de diferencias, de debates con argumentos buenos y malos; de intereses fuertes que provocan desacuerdos y mesas abandonadas y, al final, si son medianamente eficaces y funcionales, las democracias producen negociaciones que se traducen en acuerdos y en una votación en la cual la mayoría decide sí o no.

Desde esa perspectiva, lugar común que a veces se olvida, lo sucedido en los tres meses del periodo ordinario de sesiones del Congreso ha sido un claro ejercicio democrático. Hay que reconocerlo; no importan las percepciones registradas en las encuestas. El caudal de opiniones, desplegados, foros, propuestas y hasta las acusaciones y descalificaciones en torno a las legislaciones secundarias en materia de telecomunicaciones y electoral son absolutamente normales e indispensables en la democracia. Es el trabajo de partidos y legisladores y también es el derecho de los ciudadanos. No hay que asustarse. Se están dirimiendo asuntos de enorme trascendencia.

Sin embargo, hay que añadir que ese ejercicio está incompleto. Estamos en el capítulo de los argumentos buenos y malos, exagerados muchos. Digamos que se ha cubierto la parte en la que todos los jugadores ponen sus cartas sobre la mesa; de manera atrabancada y hasta abusiva de parte de algunos, si se quiere, pero así son las cosas cuando no solo el ingreso, sino también el poder está distribuido de manera tan desigual y se trata de distribuirlo mejor.

Falta la parte decisiva: la construcción de acuerdos y su aprobación. Al respecto existen dos riesgos. El primero, con costos elevadísimos para todos, consistiría en que prevaleciera la intransigencia y no se aprobaran las leyes secundarias. Creo que al estar en juego cosas tan importantes, la probabilidad de que ello ocurra es muy reducida. Los partidos podrían no legislar en materia de telecomunicaciones (ya incumplieron con la fecha prometida y eso no parece importarles mucho) o energética, pero no hacerlo en materia electoral pondría en riesgo las elecciones de 2015 y eso tendría graves consecuencias para ellos mismos. Podrán retardar el crecimiento, pero quedarse sin los puestos de elección el próximo año es inimaginable.

Entonces, habrá reforma político-electoral antes del 30 de mayo. Eso hay que darlo por sentado, lo que destrabará la discusión y aprobación de las otras dos. Aquí aparece el segundo riesgo: que los cambios constitucionales aprobados el año pasado queden incompletos, minimizados o distorsionados. Y desde mi punto de vista, las probabilidades de que así ocurra es elevado. La principal razón es que el tiempo disponible y la cantidad de iniciativas por conocer, discutir y votar (una vez que se conciliaron intereses) tiene contra la pared a partidos y gobierno. Son intereses muy poderosos y miles de detalles por definir.

A los estrategas gubernamentales les falló el cálculo, pues dejaron pasar mucho tiempo entre las reformas constitucionales y la presentación de las iniciativas secundarias; la energética apenas la van a presentar. Sabían que el PAN entraría a una dinámica compleja por la elección de su nuevo presidente y aún así dejaron pasar el tiempo. Además, desaparecido el Pacto, tampoco diseñaron un método alterno para generar acuerdos con la oposición.

Sin embargo, podrían generarse condiciones para concluir el ejercicio democrático de manera positiva. No obstante que el calendario está muy apretado, habría tiempo para no posponerlas hasta septiembre, lo que incrementaría el riesgo de no ser aprobadas. En mayo se tendría que votar todo lo político y electoral y, de forma paralela, las comisiones del Senado debieran revisar y elaborar dictámenes de las iniciativas de energía y telecomunicaciones, de manera que en junio se aprueben estas dos.

Para asegurar la congruencia entre las reformas constitucionales y la legislación secundaria, es indispensable que los procesos de negociación sean transparentes. Así como hay un compromiso del gobierno de responder las 10 preguntas de Alfonso Cuarón para aclarar el contenido de las leyes energéticas, debiera replicarse el ejercicio con las reformas de telecomunicaciones y electoral. Gobierno y partidos debieran responder juntos. Todos ganaríamos.

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