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Martes , 23.04.2019 / 02:48 Hoy

Doble mirada

¿Cómo creerle?

Guillermo Valdés Castellanos

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El cambio político impulsado por AMLO se va desplegando a gran velocidad. El propósito declarado por el Presidente es acabar con ese Estado mafioso, caracterizado por la complicidad entre políticos y un grupo de empresarios que capturaron las instituciones estatales con la finalidad de apropiarse de los recursos públicos: presupuesto, contratos, políticas públicas, influencias, poder y cargos públicos. Casi todos de acuerdo con ese propósito. Apoyo al objetivo.

El problema es que no hay concordancia entre el fin deseado y los medios (los cambios) propuestos para lograrlo; al contrario, apuntan a la reedición de un Estado que facilitará la perpetuación de muchos de los vicios que pretende erradicar. Repasemos.

El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) —diseñado para aumentar la transparencia del presupuesto público y la actuación de los funcionarios de los tres poderes y los tres órdenes de gobierno— está al borde de la inoperancia e inanición porque no es considerado por AMLO como algo necesario y útil. Las instituciones responsables de acotar el poder de las grandes empresas nacionales y extranjeras y de regular los mercados para procurar la competencia económica (Cofece, IFT, CRE), o instituciones para garantizar la transparencia de los funcionarios públicos y del ejercicio del gasto (INAI, INEE y el mismo SNA) han sido acosadas, debilitadas y en proceso de ser cooptadas por leales al Presidente. Que es necesario reformarlas y perfeccionarlas, no hay duda; pero la propuesta de la 4T es minimizarlas, relegarlas o ponerlas al servicio del Ejecutivo.

Así, para acabar con la corrupción y la complicidad política-poder económico, López Obrador prefiere dar el ejemplo personal (aunque, según la encuesta GEA-ISA, 70% de los ciudadanos cree que hacer eso no servirá de gran cosa) y declarar abolida la corrupción en distintas áreas de la vida pública progresivamente en las conferencias mañaneras. Por decreto y pensamiento mágico. Lo más relevante —quién sabe si eficaz— ha sido convertir la corrupción en delito grave, eliminar el fuero y bajar los salarios de altos funcionarios, ya sea para que los más capaces se retiren o generar un incentivo para allegarse ingresos adicionales ilegales (perpetuar la corrupción). Y para completar las incongruencias: ¡80% de las licitaciones, por asignación directa!

Para impedir las tropelías y abusos de los gobernadores, la centralización del gasto, como es el caso de Salud y con ello el riesgo de trasladar la corrupción al gobierno federal, además de hacer más ineficientes los programas de salud; cero reformas al federalismo para hacerlo más funcional y ningún impulso a los sistemas estatales anticorrupción.

La incredulidad de que el saqueo y la corrupción desde el ámbito sindical se terminarán se refuerza con la permanencia de figuras como Carlos Romero Deschamps y la reaparición de otras como Elba Esther Gordillo y Napoleón Gómez Urrutia o el empoderamiento que le ha facilitado y permitido AMLO a la CNTE.

Si bien todo lo anterior lleva al más puro y duro escepticismo sobre la eficacia de las recetas de López Obrador para transformar la vida política del país, el resultado previsible es el empoderamiento presidencial a costa de las instituciones. El presidencialismo que nos llevó al desastre es el que está reviviendo AMLO. ¿Cómo creerle?

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