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Domingo , 21.04.2019 / 21:12 Hoy

Laberinto de la legalidad

La larga marcha para el acceso a la justicia

Guillermo Raúl Zepeda Lecuona

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El acceso a la justicia parte de la premisa de que todas las personas somos iguales ante la ley; sin embargo la experiencia cotidiana deja en claro de que esta aspiración está muy lejos de hacerse realidad. La propia definición de las reglas del juego y las normas jurídicas están sesgadas en favor de los grupos de interés y de mayores recursos.

Al momento de hacer cumplir la ley y los contratos, los costos y la incertidumbre de los procesos son asimétricos. La principal causa de costos y desigualdad ante el sistema de justicia son los servicios jurídicos, cuya cantidad y calidad difieren mucho según los recursos económicos de que diponen las partes que los contratan. Los costos y la incertidumbre también se incrementan en un sistema de justicia pasivo y con elevadas cargas de trabajo. Los procesos se tornan muy lentos y se abren espacios para la arbitrariedad, corrupción o tráfico de influencias.

Ante este panorama, una gran parte de la población (al menos un 30%), la que tiene nulo acceso a la justicia, se resigna a tolerar violaciones a sus derechos, alta vulnerabilidad e incertidumbre jurídica crónica. Otro porcentaje similar tiene acceso a las instituciones y a la injusticia pero con desventajas generalmente insalvables. Volkmar Gessner estudió el sistema de justicia mexicano y señaló que cuando las personas se enfrentan en juicio a contrapartes de mayor nivel de ingreso tienen más de 90% de ser derrotados.

Con las expectativas de un sistema cuesta arriba, las partes que llegan a negociar un desistimiento tienen que asumir los costos de la desigualdad y la incertidumbre.

La agenda de transformación institucional para disponer de un sistema de justicia más equitativo, y por lo tanto tener mayor eficacia en el acceso a la justicia implica al menos cuatro líneas de acción: 1. Ajustes a las normas (brindar derechos más amplios, normas procesales más efectivas y eficientes; desarrollar los mecanismos alternativos de solución de controversias y mayor espacio para la oralidad); 2. Mejoramiento de la administración de la justicia (combate a la corrupción, reingeniería de procesos; establecer modelos de gestión modernos; Automatización y digitalización de los procedimientos; adopción de buenas prácticas); 3. Cobertura y calidad de los servicios jurídicos y profesionalización y cultura ética de los profesionales del derecho; y 4. Mejoramiento de la posición estratégica de las partes desposeídas y grupos en situación de vulnerabilidad (litigio estratégico que empodere a los litigantes de menos recursos, expansión de servicios jurídicos gratuitos, defensor de los usuarios de Servicios jurídicos y observatorios judiciales).

Si logramos avanzar en estos cuatro frentes, el desempeño del sistema de justicia será más equitativo y el acceso a la justicia será una realidad. El solo hecho de contar con una justicia que se aproxime al ideal constitucional de ser un servicio de calidad y calidez, expedito, gratuito, imparcial, oportuno y completo, mandará un mensaje de eficacia por lo que cambiará los incentivos: aumentará el cumplimiento de los contratos y los compromisos, ante la expectativa de una justicia pronta y contundente. Las personas que acudan a los tribunales lo harán con mayores niveles de certeza y la amplia gama de Derechos Humanos tendrá una mayor vigencia. Cuando hay respeto a la ley, se afianza una cultura de legalidad, de cumplimiento, de cooperación y solidaridad. Cada línea de acción implica vencer resistencias y sumar muchas voluntades por tiempo sostenido. En varios estados del país se han documentado buenas prácticas que nos hacen ser optimistas sobre la viabilidad de alcanzar un país más justo e incluyente.

guillermo.zepeda@coljal.edu.mx

@gzepeda_lecuona

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