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Viernes , 26.04.2019 / 04:01 Hoy

Laberinto de la legalidad

Corrupción judicial

Guillermo Raúl Zepeda Lecuona

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“La única cosa sensata que correspondía hacer era adaptarse a la situación tal cual se presentaba… no llamar sobre sí la atención de los siempre vengativos funcionarios”

El Proceso, Franz Kafka


No hay mayor ciencia: una facultad discrecional no supervisada tarde o temprano deriva en corrupción, y si además los actos de corrupción suelen quedar impunes, tenemos todos los elementos para explicar la corrupción generalizada en nuestra sociedad. Esto es lo que sucede con los funcionarios judiciales: el ejercicio de sus facultades es defectuosamente supervisado. Además, como se sabe, éstos ganan poder discrecional debido a que los plazos son obligatorios para los promoventes, pero a las autoridades, debido al exceso de trabajo se les disculpa la dilación.

Se puede tramitar una queja o, en caso de dilación de actuaciones, podría ser el amparo. Los litigantes saben que interponer una queja además de tener un resultado azaroso para el caso concreto, es “pelearse con el cocinero”, cuanto asunto bajo su asesoría llegue a ese juzgado a partir de entonces, pagará las consecuencias, con retrasos, fallos adversos o hasta extravíos de expedientes. El amparo posiblemente tendrá como consecuencia que se le niegue los solicitado o que se dé una resolución adversa.

Por ello ante este entorno institucional y con este sistema de incentivos la opción para el litigante mexicano es someterse a la invulnerabilidad del funcionario y optar por las diversas modalidades de corrupción disponibles, entre las que destacan: sobornar al funcionario o utilizar tráfico de influencias. Lamentablemente esto es aplicable para todas las materias.

Un grupo de abogados litigantes y académicos conformamos un grupo de enfoque en el que estamos documentando diversas prácticas de “corrupción cotidiana”, tan cotidiana que se ha normalizado. La hipótesis es comprobar las asimetrías en los costos y la duración (también fuente de costos) de los procesos si no se da dinero a los funcionarios o si no se impulsa con tráfico de influencias el avance de las actuaciones.

En materia familiar tomamos seis casos muy similares. En octubre, el mismo día, se presentaron promociones al mismo juzgado solicitando que el juzgado pidiera a los trabajos de los cónyuges demandados por divorcio el monto de sus ingresos laborales. Se acudió cada 15 días para monitorear el nulo avance de la emisión de los oficios solicitados. A los dos meses se tramitó un amparo, que acaba de ser resuelto señalando que había sido confusa la solicitud (siendo que las seis solicitudes fueron idénticas). En otros dos se optó por ofrecer dinero (100 pesos resultaron ofensivos al funcionario. Quedó en 200 y 300 pesos, respectivamente), en otro se pidió a un profesor amigo que trabaja en el Consejo de la Judicatura: a los dos días salió el escrito. Los otros dos siguen sin ser acordados, cada que preguntamos por el avance del trámite, el funcionario nos reitera que ha tenido mucho trabajo y se ve que cada vez le inspiramos mayor ternura.

Este es un caso en materia familiar, donde nuestros justiciablillos de indias (perdón) están esperando recibir una pensión alimenticia mensual de entre 1,700 y 4,000 pesos por hijo, y ni siquiera esto hace condolerse a los funcionarios (a quienes les señalamos que son casos probono), ya sabemos lo que podemos esperar en otras materias y en casos de mayor cuantía. La impartición de justicia debería ser un instrumento de cohesión social y legitimidad política; pero su corrosión e ineficiencia exacerban la desigualdad y fermentan el incontenible sentimiento social de injusticia.

guillermo.zepeda@coljal.edu.mx,

@gzepeda_lecuona

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