He ahí el dilema. Estados Unidos solicitó la detención provisional de diez ciudadanos mexicanos con propósitos de extradición. Tres de ellos ocupaban un cargo de elección popular, lo cual podría dificultar el proceso de extradición. De esas tres personas, dos ya pidieron licencia: el gobernador de Sinaloa y el alcalde de Culiacán. Solo el senador Inzunza se ha mantenido en su cargo, a pesar de que han aparecido acusaciones de otro tipo en su contra. Otro personaje, el vicefiscal de Sinaloa, también ya solicitó licencia de su cargo.
Por su parte, el gobierno de México está tratando de ganar tiempo al exigir pruebas al gobierno de Estados Unidos, el cual tiene hasta 60 días para entregarlas y a pesar de que, en principio, éstas no son estrictamente necesarias para proceder con la detención provisional. Mientras tanto, se corre el riesgo de que alguna de las personas involucradas huya o desaparezca súbitamente.
El dilema al que se enfrentará el país tarde o temprano es si extraditar a alguien o no. Evidentemente, no se puede poner a todas las personas involucradas en una misma canasta. Es posible que la solidez de las pruebas cambie de individuo a individuo, además de que no todos están acusados de lo mismo: mientras que algunos están acusados de asociación con el crimen organizado, hay quien está acusado de asesinar a un agente de la DEA.
El tema de fondo, sin embargo, es si el gobierno va a actuar o no contra políticos acusados de proteger y colaborar con el crimen organizado. Hay dos formas posibles de actuar: o entregándolos a las autoridades que los solicitan o investigándolos y enjuiciándolos internamente. La opción de soslayar esas acusaciones o sospechas ya no será viable en el futuro. El temor, por supuesto, es que otorgar la extradición de un político sea seguida por otra u otras solicitudes. Aunque esta posibilidad sea real, quizá debamos aprender la lección de lo ocurrido con las instituciones financieras y las acusaciones de lavado de dinero.
En dicho caso, el gobierno de Estados Unidos alertó en su momento al gobierno mexicano de sus preocupaciones sobre tres instituciones financieras mexicanas. La Unidad de Inteligencia Financiera, que tuvo acceso a esa información, optó por no hacer nada. El desenlace ya lo conocemos: el gobierno estadunidense hizo públicas las acusaciones y las instituciones financieras mexicanas terminaron quebrando o desapareciendo.
La preocupación en su momento era similar: ¿habría más acusaciones contra otras instituciones? ¿Qué pasaría si acusaban a un banco de importancia sistémica? Afortunadamente, esto no ha ocurrido. Hay que entender, sin embargo, que esto se debe a que el gobierno mexicano mandó las señales correctas: cambió al titular de la UIF y, en conjunto con autoridades e instituciones bancarias locales, acordaron fortalecer la supervisión del sistema financiero. Quizá podamos esperar algo similar en el tema de los políticos acusados de solapar al crimen organizado: es necesario mandar señales de colaboración y de estar dispuestos a actuar en forma decisiva contra aquellos funcionarios que protegen o están asociados con grupos criminales. No hacerlo es una opción extremadamente riesgosa.
