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Sábado , 23.03.2019 / 13:00 Hoy

Columna de Gabriel Torres Espinoza

#FinanciamientoLimpio

Gabriel Torres Espinoza

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El sábado 19 de mayo, la organización “Ayudemos” organizó el 4to Foro #FinanciamientoLimpio. Ahí se reflexionó sobre el financiamiento del proceso electoral 2018, sus perspectivas y sus desafíos. Para ello, resulta oportuno revisar los siguientes datos.

Los partidos nacionales recibirán 6 mil 789 millones de pesos de dinero público, sólo, en 2018. Los mismos partidos, a nivel estatal, obtendrán otros 6 mil millones de pesos. Además los partidos pueden recaudar cantidades similares de fuentes privadas.

El INE destinará 18 mil 226 millones en la organización de este proceso electoral. Los organismos electorales estatales, OPLEs, cerca de 14 mil millones. El Tribunal Electoral federal más de 3 mil millones y los tribunales electorales de los estados 4 mil millones más.

Adicionalmente, el costo real del tiempo “gratuito” de radio y televisión de los partidos y para el INE, equivale a 60 mil millones de pesos. De forma que sumamos 112 mil millones de pesos en total, sin considerar aportaciones privadas. Incluso, para dimensionar el costo del proceso electoral en México –sin contar el gasto de los partidos-, consideremos que es de 5 dólares con 90 centavos por elector, de acuerdo con aceproject.org [página web internacional de análisis electoral].

El de Chile, 1.20 dólares. Estados Unidos y los países de Europa gastan entre 1 y 3 dólares en sus procesos electorales.

Debe precisarse que no obstante el elevado financiamiento público a los partidos, esta modalidad es la que más se fiscaliza y más reglas aplica–aún insuficientes-. A su vez, el financiamiento privado tiene la particularidad de ser totalmente opaco y con mínimas condiciones para fiscalizarse.

Durante 2018 habrá en juego 2,573 cargos de elección popular, federales y estatales. Además, la autoridad electoral dispone apenas 37 días para realizar los dictámenes de fiscalización, lo que es literalmente imposible.

Por tanto, se debe avanzar a un modelo de contraloría social, donde los medios, las ONGs, y la sociedad puedan verificar, por cada candidato, sus ingresos y sus egresos de todas los tipos de financiamiento. Se requiere el derecho a saber quiénes aportan el dinero, y si esos mecenas electorales lo llevan de origen lícito.

Generalmente las grandes aportaciones a las campañas corresponden a grandes compromisos respecto de las futuras licitaciones, adquisiciones y obras. Así que si logramos que sea público y en tiempo real visible las aportaciones a las campañas, por cada cargo en disputa, podríamos también, después, saber a qué corresponden esas concesiones, asignaciones sin concurso y compras multimillonarias de los gobiernos. Con ello, también, tipificar efectivamente el conflicto de interés. Para lograr un #FinanciamientoLimpio se requiere, primero, que sea lícito y transparente el origen de los recursos que se aplican a la competencia electoral.

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