Dada la opacidad con que se han manejado históricamente las legislaturas de los estados, desde hace algunos años el parlamento abierto ha sido una práctica impulsada desde los ámbitos académico y de la sociedad civil organizada, para mejorar la calidad de tal actividad en un contexto democratizador.
El parlamento abierto es una práctica legislativa que garantiza el acceso transparente a la información pública, a través de mecanismos de participación ciudadana, para lo cual utiliza estratégicamente las tecnologías de información y comunicación. Alguien podría pensar que México es un país avanzado en la materia. Sin embargo, el “Diagnóstico de Parlamento Abierto en México 2017”, de la Alianza para el Parlamento Abierto revela un enorme atraso en este sentido.
En la mayoría de los casos de las legislaturas locales, no hay gran mejora de 2014 a 2017. Las instituciones legislativas del país cumplen lo básico, que es publicar la información obligatoria. Sin embargo, las obligaciones de transparencia son una asignatura pendiente en casi todos los órganos legislativos. Son pocas las buenas prácticas en materias como información presupuestal y administrativa.
Nuestro estado no es la excepción. Sus indicadores son muy preocupantes: solo cumple totalmente en el derecho a la información. En conflictos de interés ocupa el lugar 10; en legislación a favor de gobierno abierto, el 21; en información sobre legisladores y servidores públicos, el 26. En los otros seis indicadores: participación ciudadana y rendición de cuentas; información parlamentaria; información presupuestal y administrativa; información histórica; datos abiertos y software libre; accesibilidad y difusión, ocupa el último lugar, a veces empatado.
En total, el estado de México apenas promedia 28. 6 por ciento, lo cual lo coloca con una calificación muy insatisfactoria en materia de parlamento abierto. Solo aprueba en dos indicadores de los 10 utilizados. Esto es comprensible en la época del PRI hegemónico, pero sería injustificable que se mantuviera en el contexto de un gobierno dividido, con una legislatura dirigida por Morena.
En este sentido, lo que se espera es que esta fuerza política dé paso a una nueva dinámica de trabajo, en la cual la sociedad pueda participar en la discusión de leyes que se pretenda aprobar. Una prueba con la reciente reformas a la ley del ISSEMyM, que involucra a todos los servidores públicos mexiquenses, sería un buen comienzo.
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