La participación política de los empresarios ha sido una constante en nuestra historia.
Sin embargo, a diferencia de otros sectores sociales como obreros y campesinos, nunca fueron integrados como tales al partido oficial por Cárdenas o Ávila Camacho, los dos presidentes que reestructuraron al brazo electoral del Estado mexicano post revolucionario.
Algunos se integraron al sector popular, pero la mayoría crearon sus propias organizaciones y desde ahí defendieron sus intereses económicos y políticos.
Desde esos espacios han tratado de incidir siempre en las decisiones gubernamentales y en los principales acontecimientos políticos, incluidos por supuesto los procesos electorales.
Esto es justamente lo que han tratado de hacer en la actual coyuntura de sucesión presidencial.
Tres hechos revelan claramente la injerencia de este poderoso sector empresarial en la lucha por el poder.
El primero es el trascendido de que un grupo de empresarios, encabezados por Claudio X. González, le pidió Peña Nieto que "se robara la elección", es decir que hiciera un fraude electoral para impedir que la oposición de izquierda triunfara; el segundo es el espot de la organización Mexicanos Primero, ligada al mismo personaje, en defensa de la reciente reforma educativa; el tercero, referido a los cabildeos de poderosos empresarios para que Meade, Zavala y "El Bronco" declinen en favor de Anaya.
Parece muy claro que los tres hechos descritos tienen un claro propósito: intervenir indebidamente en el proceso electoral en curso.
Con sus acciones tratan de burlar la voluntad popular, de influir en el ánimo de los electores y de cambiar la correlación de fuerzas entre los aspirantes a la presidencia de la República.
Dicho de otra manera, intentan conservar el poder económico que han acumulado apostando por el mantenimiento de estatus quo existente, que tan benéfico les ha resultado.
El activismo empresarial revive tres debates actuales:
Uno, el de la persistencia o no de prácticas de fraude electoral que se creían superadas; dos, la discusión sobre la legalidad y legitimidad de la inclusión de infantes en espots de claro contenido político; y tres, si lo hecho por los partidos políticos, para definir a sus candidatos presidenciales, puede ser suplantada por poderes fácticos como los de los empresarios.
Me parece que las tres acciones son una clara violación de la legalidad existente. Las autoridades tienen que frenar ese activismo.
