La semana pasada supimos que hay 215 municipios que han decidido prohibir la entrada por temor al contagio. La noticia estaba en la portada de MILENIO, pero tenía un valor puramente anecdótico, la foto servía para subrayarlo: unas cuantas piedras amontonadas en un camino, con un letrero mal pintado. Habría sido más interesante que se mostrasen los medios con los que piensan hacer cumplir la prohibición, pero a nadie le importó gran cosa. Nadie pensó que hiciera falta decir que esos bloqueos atentan contra la libertad de tránsito, nadie dijo que es inconstitucional. Seguramente porque son pequeños municipios rurales, la mayoría en Oaxaca, otros en Veracruz, Michoacán.
Puesta en el contexto del folclore de la epidemia, la noticia no tiene casi interés. Acaso conviene verla en otro contexto: comandos armados distribuyen despensas en ciudades del norte, en Sinaloa, Tamaulipas, otros advierten que castigarán a quienes rompan la cuarentena; el empresariado regiomontano anuncia un plan de apoyo para la economía de su estado; gobernadores de Nuevo León, Jalisco, Coahuila, Chihuahua, Tamaulipas amagan con separarse del pacto fiscal. El conjunto indica la acción de una fuerza centrífuga a la que habría que prestar atención.
La epidemia, cualquier epidemia, es un fenómeno intensamente territorial: confiere una nueva importancia al espacio. Porque siempre la enfermedad viene de fuera, la traen los otros, el mundo exterior se vuelve repentinamente amenazador. Y se acentúa por eso la naturaleza territorial de la autoridad política. Es así desde la Edad Media, desde que se imaginó el encierro como recurso contra el contagio: ningún otro indicador comparable de la autoridad sobre una ciudad en el siglo XIV, como la decisión de cerrarla para combatir una plaga. Por otra parte, en una emergencia también se vuelve más intensa que nunca la conciencia de que estos son nuestros hospitales, nuestras clínicas, nuestros recursos de salud.
Sabemos desde hace mucho que el régimen territorial del país es disfuncional. Los gobernadores tienen demasiado poder y demasiado poco, tienen márgenes de acción muy superiores a los del gobierno federal, pero sus recursos dependen de la federación. Los municipios por su parte tienen que hacerlo todo, y no pueden casi nada. Era un arreglo útil para el régimen revolucionario, que entró en crisis con la transición del año 2000. La solución que han imaginado los últimos tres gobiernos ha sido la centralización de todo, desde la nómina del magisterio hasta la seguridad pública o el sistema de salud.
En la misma línea, el proyecto del gobierno actual consiste en superponer al régimen territorial un sistema de jefes políticos, mediante la gestión del gasto y el despliegue permanente de la guardia nacional. No es sólo eso, sino que en la práctica representa la mirada del altiplano central, su retórica, sus políticas corresponden al horizonte cultural del centro y el sur del país, y tratan con algo entre la hostilidad y el desprecio a la cultura urbana, industrial, del norte del país. Todo añade tensión al régimen territorial —que a lo mejor no es tan resistente.
